La corrupción e impunidad del gobierno a través de sus personajes carcomen a todo el país, de nueva cuenta los escándalos del grupo Higa, OHL, a los que se suma la constructora brasileña Odebrecht, sancionado en Estados Unidos por los sobornos entregados a funcionarios a cambio de contratos, alcanzando dichas prácticas según se asegura a Pemex en nuestro país, no constituyen los peores males en el momento actual de México.
En la lista es necesario incluir la falta de impartición de justicia o mejor dicho la justicia por consigna para castigar a los enemigos del sistema, en franca violación a las leyes que no cumplen los funcionarios, quienes hacen lo que les viene en gana, por ejemplo despedir a los trabajadores, retardar procesos, no ejecutar sus propios laudos, no son garantes de seguridad ni certeza jurídica en lo laboral, penal, entre otros.
En materia electoral se estrena en nuestra entidad una modalidad a todas luces por consigna; una vez que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), determinó procedentes dos candidaturas independientes, los partidos interpusieron impugnación por separado en contra de uno de ellos, Isidro Pastor Medrano, para retirarle el registro.
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) instancia facultada para resolver dichas impugnaciones, determinó que el IEEM no reviso de manera exhaustiva las cédulas de respaldo ciudadano y por tanto no se cumplió con los principios de seguridad y certeza jurídica, tampoco de legalidad, otorgando doce días al Instituto para cumplir con su requerimiento, retirando temporalmente la candidatura otorgada.
Pareciera ser una acción menor, sin embargo es necesario revisar a fondo la actuación de los magistrados del TEEM, quienes revocaron un derecho otorgado y simultáneamente dejaron al descubierto la fragilidad y falta de credibilidad de la institución responsable de conducir las elecciones para elegir gobernador el 4 de junio de 2017.
El hecho de asegurar el Tribunal una actuación con falta de exhaustividad del Instituto electoral, automáticamente coloca en entredicho su papel de árbitro electoral, dicha determinación devalúa la imagen de los consejeros y los lanza al terreno de la suspicacia, lo que constituye un mensaje de desconfianza a la ciudadanía, quien no cree en las actuaciones del IEEM, percibida por la gente como un Instituto parcial y por tanto incompetente para garantizar la legalidad de la elección programada para el citado 4 de junio del presente año.
Esta asociación con la desconfianza tendrá impacto en el porcentaje de abstencionismo, que no combate el propio Instituto Electoral, a pesar de ser una de sus tareas inherentes, no existe ningún programa encaminado a convencer a la ciudadanía para cumplir con la emisión de su voto en la elección del 4 de junio, que es una obligación y derecho garantizados en la Constitución Política del Estado y del País.
En otro orden de ideas, la actuación de los magistrados en su determinación debe ser sancionada, no puede quedar únicamente en la exhibición mediática a la que ya han sido expuestos, es necesario revisar si incurrieron en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso en materia penal, de encontrar elementos el candidato afectado tendrá que iniciar los procesos que la propia ley le permiten, caso contrario los probables agravios cometidos quedarán en la impunidad.
Lo que ocurra en los próximos días no podrá evitar que la elección este en entredicho, el fantasma de un fraude electoral ronda ya al IEEM, sobre todo si no hacen nada para motivar a la gente a depositar su sufragio y permitir que el abstencionismo se ubique en más del 50% del padrón electoral del Estado de México. ¿Usted qué opina?
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