Durante el mandato de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), al menos cuatro empresas vinculadas al lavado de dinero se establecieron en el Estado de México; hoy, todas están bajo sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operar a favor del Cártel de Sinaloa.
El pasado 31 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a seis mexicanos, entre ellos Alberto David Benguiat Jiménez, a quien señalan como operador de una red que mueve ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México. La red, según el gobierno estadounidense, habría blanqueado más de 50 millones de dólares para José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, uno de los principales traficantes de fentanilo del cártel.
Cuatro de las empresas que usa Benguiat están registradas en municipios mexiquenses y todas surgieron mientras Ávila era gobernador:
• Grupo Unter Empresarial, S.A. de C.V. (Cuautitlán Izcalli, publicidad, 2015)
• Grupo Vindende, S.A. de C.V. (Naucalpan, ingeniería civil, 2019)
• Grupo Zipfel de México, S.A. de C.V. (Naucalpan, comercio mayorista, 2019)
• Productions Pipo S. de R.L. de C.V. (Ecatepec, actividades recreativas, 2019)
Aunque tres de estas se fundaron después de su salida, Productions Pipo fue autorizada en Ecatepec durante su gestión, municipio del que también es originario el exgobernador.
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Las otras piezas de la red
La red de lavado también incluye a Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V. y Scatman & Hatman Corp S.A.P.I. de C.V., ambas registradas en la Ciudad de México. Todas fueron sancionadas por su vínculo directo con Benguiat Jiménez.
Además de él, Estados Unidos identificó y sancionó a:
• Enrique Dann Esparragoza Rosas (lavado en Mexicali)
• Alan Viramontes Sesteaga (operador de Los Chapitos)
• Salvador Díaz Rodríguez (lavador y sicario en Baja California)
• Israel Daniel Páez Vargas (reclutador para Benguiat)
• Christian Noé Amador Valenzuela (colaborador directo de la red)
El mismo 31 de marzo, un tribunal en California acusó formalmente a Benguiat de conspiración para lavar dinero.
Un gobierno salpicado por irregularidades
Durante su mandato, Eruviel Ávila enfrentó múltiples señalamientos por corrupción y desvío de recursos. En su primer año, la Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto uso indebido de más de mil millones de pesos en programas sociales y de salud. Los pagos fueron a personas inexistentes, servicios sin comprobar y sobrecostos injustificados.
Aunque Ávila ha negado las acusaciones, los informes persisten. El periodista Humberto Padgett documentó que entre 2013 y 2015 la ASF encontró irregularidades por más de 8 mil millones de pesos, tres veces más que el presupuesto en infraestructura educativa que presumía el propio exgobernador.
El caso Bosque Diamante
Uno de los episodios más polémicos ocurrió al final de su mandato. En agosto de 2017, se autorizó en la Gaceta Oficial del Estado de México el megaproyecto inmobiliario Bosque Diamante, que implicaba destruir más de 180 mil árboles en la zona boscosa colindante con la reserva Espíritu Santo.
Detrás del proyecto estaban los empresarios Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, ligados al Grupo Atlacomulco. En 2023, Aristegui Noticias reveló que el gobierno de Alfredo del Mazo trató de revertir una sentencia que frenó el proyecto. Tras el reportaje, el gobierno mexiquense desistió del recurso legal.
Piden desafuero y juicio político
Organizaciones civiles exigieron el desafuero de Ávila en 2019. Lo acusan de desviar casi mil millones de pesos destinados al nuevo sistema de justicia penal y de haber permitido fraudes hipotecarios masivos.
El padre Alejandro Solalinde se unió al reclamo. Señaló una persecución política contra el activista José Humbertus Pérez Espinoza, preso por denunciar los abusos del gobierno mexiquense en materia de vivienda.
La autopista más cara: el legado de Ecatepec
La autopista Siervo de la Nación, en Ecatepec, también es un símbolo de la gestión de Ávila. Se proyectó con un costo de 3 mil 500 millones de pesos, pero terminó costando más de 7 mil millones. El sobrecosto se deberá pagar durante los próximos 46 años, reveló un reportaje de Animal Político.
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