En su primer pronunciamiento como delegado del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Estado de México, Rubén Almonte Álvarez reveló que 85% de las empresas de seguridad privada que operan en Edomex no cumplen con las certificaciones necesarias para brindar sus servicios, lo que responde a fallas en el proceso de legitimizar a estas organizaciones a nivel estatal y nacional.
En entrevista tras asumir este cargo, comentó que la falta de regulación en estas empresas se debe, en parte, a actos de corrupción que también impactan en la calidad del servicio, afectando tanto a los clientes como a los propios guardias de seguridad.
“Las empresas de seguridad privada proliferan como margaritas en el campo sin cumplir con los requerimientos necesarios.
Basta con que una persona ponga un uniforme a un empleado y lo equipe para que ya se considere empresa de seguridad», expuso.
Sin embargo, de las compañías que operan a nivel estatal, solo 15% están certificadas, lo cual es preocupante para el sector y para los usuarios que dependen de este servicio en momentos tan críticos para la seguridad en México.
Al respecto, el delegado exhortó a los empresarios a contratar servicios de empresas reguladas, especialmente con la llegada de temporadas de alta actividad comercial, como El Buen Fin, para mitigar riesgos de asaltos y otras amenazas.
Subrayó que uno de los retos prioritarios de su gestión será trabajar más de cerca con la Secretaría de Seguridad estatal para regular a las empresas «patito», que en territorio mexiquense proliferan en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Texcoco.
Asaltos y rutas de riesgo
Según Almonte Álvarez, la entidad enfrenta un grave problema de inseguridad en el transporte de mercancías, ya que más del 70% de los robos de carga que ocurren en el país suceden en el territorio estatal.
Los delincuentes aprovechan la red de vías, que conecta la región con otras entidades, convirtiéndola en un punto estratégico para bandas criminales especializadas en el robo de mercancías.
Incremento en demanda de seguridad privada
Por su parte, Raúl Septién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, destacó que la demanda de este tipo de seguridad ha crecido un 15% en el último año. Este aumento responde al sentimiento de inseguridad que prevalece entre la población mexicana, lo que ha llevado a empresas y establecimientos comerciales a buscar protección adicional para garantizar su seguridad.
“Actualmente, no solo quien contrata seguridad privada demanda sus servicios; es toda la ciudadanía que, debido a la inseguridad, se ve en la necesidad de requerir seguridad para poder transitar y estar en espacios públicos,” señaló Septién Santos.
Acotó que los altos costos para obtener la certificación generan un mercado paralelo que opera fuera de la legalidad, lo que impide una cobertura regulada, promoviendo un crecimiento desorganizado del sector, que se agrava por la falta de un censo nacional de empresas de seguridad privada.
La seguridad privada y la seguridad pública
Septién Santos puntualizó que la seguridad privada juega un papel complementario en la seguridad pública, pero lamentó la falta de regulación y censos que documenten con precisión la cantidad de empresas y personas que operan legalmente en el sector.
Pormenorizó que hay más de 6 mil empresas en el país y alrededor de 500 mil personas laborando en este sector, pero, sin un registro oficial, es imposible para el gobierno y para el sector privado saber qué empresas cumplen con las normativas y cuáles no.
Ambos líderes coincidieron en que es fundamental fortalecer la relación institucional y asegurar que las empresas de seguridad privada operen dentro de la normativa para contribuir de a la seguridad de los ciudadanos.
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