Diputados mexiquenses trabajan en una ley sobre desaparición de personas.
Toluca, Estado de México; 14 de mayo de 2019.-En el Estado de México la desaparición de personas forzada o provocada por particulares, pasó de 911 casos en 2012 a más de 5 mil 840 en 2018, lo que representa un incrementó de 650% en los últimos seis años, señaló el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura estatal, al inaugurar la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas.
Al señalar que se trata de un delito de lesa sociedad, afirmó “que en el cumplimiento de esta responsabilidad y como un poder fundamental del estado, en esta Legislatura hemos asumido el reclamo ciudadano, y desde luego estaremos acompañando con respuestas muy concretas la búsqueda a la solución de este grave flagelo”.
El encuentro se llevó a cabo a fin de enriquecer la iniciativa de la legisladora Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, para expedir la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México.
En su intervención la diputada Labastida Sotelo manifestó que los recursos para atacar el problema de la desaparición de personas en México fueron pocos y mal ejercidos, lo que derivó en “una gran simulación”.
Refirió que el año pasado para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas en la entidad se etiquetaron solo 261 mil 120 pesos, derivado del convenio entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal anterior, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México del ejercicio Fiscal 2018 (FASP).
Agregó que al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres se le canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, sin embargo, al hacer un recorrido por esos lugares se observaron carencias y deficiencias sobre todo en Amecameca.
Expresó, “de un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en el 2018, al tema de las desapariciones de personas se canalizó si acaso el 1.5%, y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4%. El problema de la trata de personas, ni siquiera es mencionado”, denunció la legisladora.
En este contexto, Labastida Sotelo detalló que para este año y con un nuevo gobierno de la república, respecto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, un total 621 millones 416 mil 440 pesos.
Consideró que esos fondos tendrían que aplicarse para la integración de brigadas de búsqueda y el desarrollo de bases de datos para identificación, asñi como para laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo, y para el fortalecimiento y creación de Comisiones Locales de Búsqueda, entre otras.
“Sin embargo, el convenio respectivo no retrata esas exigencias y no hay nada para la especialización de personal y de instancias responsables de la búsqueda de personas, ni tampoco para el acceso de mujeres a la justicia y el combate a la trata de personas, un delito con vinculaciones en el fenómeno de la desaparición”, acotó.
Por lo anterior, enfatizó que los diputados promoverán la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia de los fondos del FASP en el tema de las desapariciones no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos, entre ellas la Comisión de Búsqueda de Personas.
Al participar en estos trabajos, el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García, afirmó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) aportará todos sus insumos y esfuerzos a la labor que realiza la Comisión legislativa Especial para Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los Feminicidios en la entidad.
A través de un comunicado emitido por la Codhem, se menciona que su titular habló de la necesidad de impulsar la prevención “porque las desapariciones no sólo producen una privación arbitraria de la libertad sino ponen en peligro la integridad personal, la seguridad y la vida de las personas”; en suma, dijo, “es un crimen de lesa humanidad, una acción inhumana que provoca grandes sufrimientos y resquebraja el edificio colectivo.”
Afirmó que “no debemos perder la capacidad de asombro, no debemos normalizar estas acciones; no debemos ignorar la situación, todos tenemos una tarea pendiente y urgente qué atender: la justicia es un principio que concierne a todos sin importar raza, credo, ideología o religión, porque todos aspiramos a vivir en una sociedad donde prevalezcan la armonía y la seguridad.”
El presidente de la Codhem expresó su convicción acerca de la urgencia de resignificar los derechos humanos para ser más coherentes y responder a las expectativas y exigencias de una sociedad que requiere más certeza y menos discursos.
Por ese motivo, dijo que la Comisión trabaja para darle otra concepción a los derechos humanos, una que provenga de las personas, de los colectivos y organizaciones no gubernamentales. “Fue precisamente así como en agosto de 2018 se creó la Visitaduría Adjunta para la Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada”, refirió.
En la mesa de trabajo participaron colectivos como la Red Eslabones, Uniendo esperanzas, Red de madres buscando a sus hijos, entre otras, así como el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, Rodrigo Espeleta Aladro; Alejandro Corona Moguel, encargado de Violaciones Graves del Alto Comisionado de Naciones Unidas; así como las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y la Fiscalía especial para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, Isabel Sánchez y Dylcia Espinosa de los Monteros, respectivamente.
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