Almoloya de Juárez, 14 de mayo de 2019. Hoy se llevó a cabo la última audiencia de deshago de la defensa en el caso Salazar, lo que significa que las pruebas ordinarias de la fiscalía y de la defensa fueron agotadas.
En esta audiencia, uno de los testigos requeridos por los abogados defensores fue el entonces subteniente de Policía Federal, quien mencionó que una de las personas que hoy acusa a los presos de robo con violencia y privación de la libertad, Juan Carlos “N”, le fue entregado a ellos porque los habitantes mencionaron que no confiaban en las autoridades municipales ni en las estatales, dijo que Juan Carlos “N” fue remitido al Ministerio Público federal por portación del arma de fuego.
Explicó, también, que las otras dos personas que sostienen la acusación: Mario “N” y Natalia “N” le pidieron apoyo para salir y para sacar su auto de lugar, por lo que fueron escoltados hasta el Ministerio Público de Lerma, donde observó que Mario “N” realizó llamadas telefónicas desde un teléfono que sacó del bolsillo de su saco, situación que podría contradecir la acusación de que el teléfono le fue robado por los pobladores y de que ellos habrían salido en manos de la policía, como lo mencionaron en su comparecencia.
Al término del desfile probatorio, dos de los acusados: Miguel Ángel Vilchis García y Fermín Esquivel Rojas, ejercieron su derecho a rendir declaración; ellos hablaron de los hechos del 30 de septiembre de 2016, cuando a la comunidad de Salazar entraron algunas personas presuntamente contratadas por Mario “N” al terreno propiedad de Vilchis García, argumentando que este predio ya había sido comprado; los demás presos: Cutberto Vilchis García, Daneyra, Yuriko Becerril Villavicencio y Beatriz Pérez Flores, se reservaron el derecho a declarar.
Ninguna de las dos partes -fiscalía y defensa- presentaron pruebas nuevas o de refutación, por lo que la próxima audiencia se realizarán los alegatos de clausura y la juez deberá dictar el fallo.
Hasta este momento, la postura de la defensa, según informó el abogado Gabriel Aldana, es que el caso encierra una fabricación de delitos con el fin de que el pueblo accediera a las peticiones ilegales de vender sus tierras; la fiscal declinó emitir a AD declaraciones al respecto.
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