Toluca, México; 5 de abril de 2018. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil ha revocado el Hábeas corpus solicitado por el ex presidente Luiz Inácio da Silva luego de haber sido acusado de corrupción y lavado de dinero, cuya sentencia se extendió hasta 12 años en prisión en enero de este año. Da Silva se encontraba en campaña presidencial a la cabeza del Partido del Trabajo, y lideraba las encuestas de popularidad. Este movimiento podría fulminar su carrera política.
La alta tensión en Brasil polariza más a un país ya amargamente dividido y que ha sido golpeado no sólo por el veredicto de los once jueces que votaron seis a cinco en contra del hábeas corpus solicitado por Da silva, sino también por el reciente asesinato de una concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y las múltiples manifestaciones ya en apoyo o detracción del ex mandatario en los últimos días.
La sentencia de Lula por corrupción y lavado de dinero fue confirmada por un tribunal de apelaciones en enero y su sentencia aumentó a 12 años. Sin embargo, el Partido del Trabajo de Lula sostuvo que la condena fue políticamente motivada para evitar que el ex presidente, que sigue siendo popular entre los brasileños más pobres, vuelva a postularse en octubre. El caso fue parte de una extensa investigación en Brasil que ha encarcelado a docenas de altos ejecutivos y políticos.
"No acepté la dictadura militar y no voy a aceptar esta dictadura de los fiscales", dijo Lula el lunes por la noche a una multitud rugiente en Río de Janeiro. Mientras, desde el martes se planearon las protestas contra Lula en todo Brasil, organizadas por los mismos grupos que lideraron las que promovieron la acusación de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, en 2016. Las manifestaciones a favor de Lula, por parte de sindicatos y movimientos sociales, se llevaron a cabo durante todo el miércoles en Brasilia, Río de Janeiro, Recife, Salvador de Bahía, entre otras más.
Los fiscales dicen que a Lula se le prometió un apartamento frente al mar, por un valor de 2 millones 200 mil reales, dentro de un esquema de 88 millones para ayudar a la constructora OEA a obtener contratos seguros con la petrolera estatal Petrobras.
Los abogados de Lula han protestado repetidamente por su inocencia y han dicho que la fiscalía no había presentado pruebas materiales de su condena. No obstante, los miembros del TSJ votaron en contra del Hábeas con argumentos cuyo denominador común refería el hecho de que no hay motivos para hacer excepciones en un cas de esta naturaleza y que, aunque se trate de un ex presidente, se le juzga como un individuo cualquiera.
“Todas las señales del poder judicial hasta el momento indican que Lula será encarcelado, es sólo cuestión de tiempo", dijo en su momento Maurício Santoro, politólogo y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Aunque técnicamente se encuentra excluido de las elecciones debido a su condena, Lula lidera las encuestas de opinión por un amplio margen. Jair Bolsonaro, un excampeón del ejército de línea dura y revisionista de la dictadura militar, a menudo etiquetado como el "Trump brasileño", es segundo.
El fallo de la corte despertó múltiples reacciones entre importantes actores políticos y altos mandos militares, como la del General Luis Gonzaga que amenazaba con dar un Golpe de Estado si Da Silva no era condenado. Esta reacción fue igualmente señalada por dada su incendiaria naturaleza en un contexto que actualmente acongoja a un gran porcentaje del pueblo brasileño.
Nacido en la pobreza, Lula se convirtió en el primer presidente de clase trabajadora de Brasil y es recordado con cariño por los sectores desprotegidos de la población dadas las políticas sociales de su gobierno. Otros partidarios dicen que su convicción es un ataque a la democracia.
Sin embargo, para cuando Lula sea encarcelado, es poco probable que cumpla una sentencia larga dado que hasta este momento cumple los 72 años de edad. La semana pasada, el ex congresista, alcalde y gobernador de São Paulo, Paulo Maluf, buscado una vez por Interpol, fue liberado y transferido a arresto domiciliario por motivos de salud luego de cumplir cuatro meses por corrupción.
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