Alfredo Castillo Cervantes, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, fue inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, que ascienden a cuentas bancarias con un saldo total de más de 18 millones de pesos.
Castillo Cervantes, quien se desempeñará como subprocurador de Justicia de Cuautitlán Izcalli, y tras el caso Paulette asumió la titularidad de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de México, omitió declarar seis cuentas bancarias, a nombre suyo y de su cónyuge, cuyos saldos ascienden a 18.3 millones de pesos.
La SFP explicó a través de un comunicado que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un exdirector general de la de la administración de Enrique Peña Nieto”.
Como parte de sus atribuciones, la SFP puede realizar la verificación de la evolución patrimonial de quienes trabajan en el servicio público, como sucedió en el caso de Castillo Cervantes.
Al omitir información en sus declaraciones se determinó que el ex procurador mexiquense, “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.
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