El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) encontró presuntas irregularidades y fallas para operar los programas sociales, manejados por el gobierno del Estado de México en 2020 y en integrar los padrones de beneficiarios.
De hecho, hizo observaciones a los programas sociales por más de 2 mil 669 millones de pesos y determinó que varias dependencias presumiblemente fueron ineficientes en aspectos como: la operación de los programas, el seguimiento, evaluación y poca transparencia en la aplicación de los recursos.
De acuerdo con el informe de resultados de la Cuenta Pública 2020, en algunos entes estatales no hubo certeza de que todas las personas beneficiarias hayan cumplido con los requisitos establecidos y se hayan logrado los objetivos de los programas, ni se demostró que podrán ayudar a la gente a salir de la pobreza y de la pobreza extrema.
Las observaciones financieras fueron resultado de auditorías a cuatro programas: Salario Rosa por la Cultura Comunitaria, Canastas Fuertes, Familias Fuertes Salario Rosa y Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia 2019, y la muestra revisada fue superior a los 5 mil millones de pesos.
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Las áreas auditadas en materia de desempeño fueron las Secretarías del Trabajo y de Educación, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), la exSecretaría de Desarrollo Agropecuario, que actualmente se denomina del Campo y el Instituto Mexiquense del Emprendedor.
Observaciones financieras
La mayoría de las observaciones a los programas sociales fueron por la falta de justificación del gasto por 2 mil 516 millones de pesos y otros 153.3 millones de pesos por falta de comprobación del gasto.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, la mayoría de las presuntas irregularidades detectadas estuvieron en el programa Familias Fuertes Salario Rosa con 2 mil 507 millones de pesos.
Las causas fueron: la falta de documentación comprobatoria y justificatoria de las acciones realizadas para la recaudación y aplicación de los recursos faltantes de ejercer y la falta de documentos para comprobar el registro contable y presupuestal por reintegros de los intereses ganados; así como la falta de documentación que permitiera comprobar y justificar registros contables, y el hecho de que no se justificaron erogaciones indebidas de recursos públicos financieros, aunque no se dan más detalles de los hallazgos.
Auditorías al desempeño
Adicionalmente, en las auditorías de desempeño a programas sociales hubo 76 observaciones y 80 recomendaciones, estas últimas se generaron por falta de monitoreo y supervisión, de focalización y cobertura, de transparencia y rendición de cuentas, de control interno, en el padrón, base de datos y relación de usuarios, entre otras.
En esta revisión las áreas auditadas fueron las Secretarías del Trabajo y de Educación, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), la ex Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que actualmente se denomina del Campo y el Instituto Mexiquense del Emprendedor.
Entre otras cosas, el OSFEM encontró que los programas no se jerarquizaron en la estructura del gobierno, no hubo mecanismos de seguimiento; por lo cual dependencias y organismos auxiliares habrían sido ineficientes para monitorear avances y no hay certeza de que el desempeño de esos entes, operadores de los programas, sea transparente y posibilite la rendición de cuentas.
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Secretaría del Trabajo
En el Salario Rosa por el Trabajo el OSFEM encontró que la Secretaría del Trabajo no acreditó el grado de cobertura, no pudo monitorear avances; por lo cual presume ineficiencia para identificar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a los avances de cobertura de atención de ese programa.
El OSFEM también detectó que no hubo evidencia para acreditar que en 2020 la cobertura se orientó de acuerdo con las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y solo se habría atendido a 43 municipios, aun cuando las reglas de operación señalaban que sería a los 125.
Hubo beneficiarias que no estaban asentadas en ZAP, por lo cual la dependencia no ofreció certeza de que con el programa Salario Rosa por el Trabajo contribuyera a elevar el ingreso económico de mujeres de 18 a 59 años.
El OSFEM tampoco pudo identificar información socioeconómica que permitiera determinar si las beneficiarias se encontraban dentro de las líneas de pobreza extrema y pobreza por ingresos, no se acreditó que fueran víctimas u ofendidas del delito, repatriados o cuidadoras de hijas, e hijos menores de mujeres privadas de su libertad y hubo inconsistencias en domicilios de beneficiarias y en los documentos para demostrar que cumplían con los requisitos, entre otras cosas.
«Se presume que la entidad fiscalizada fue ineficaz en el cumplimiento del objetivo general y específico del programa de desarrollo social ‘Salario Rosa por el Trabajo’, debido a que del análisis a sus procesos de registro, acceso y enrolamiento, la entidad fiscalizada no ofrece certeza de que se esté focalizando adecuadamente el programa social en la atención de su población objetivo«, señala el informe de la Cuenta Pública 2020.
Otras recomendaciones surgieron porque la Secretaría del Trabajo no contó con mecanismos de seguimiento para monitorear los avances y resultados del programa, ni mostró cómo las beneficiarias superarán su nivel de ingresos. El OSFEM también presumió ineficiencia en implementar instrumentos para el ejercicio, control y seguimiento de la entrega de bienes de ese apoyo y no pudo acreditar la dispersión de transferencia de recursos, a través de las tarjetas Salario Rosa, a cada beneficiaria.
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Entre otras cosas, la Secretaría del Trabajo no reportó de forma específica información sobre la población objetivo atendida, el número de apoyos económicos entregados a cada beneficiaria, los montos de transferencias realizadas, los resultados de los servicios otorgados; faltaron además: indicadores para dar seguimiento al avance y resultados del programa, el detalle de personas beneficiarias por zona de atención prioritaria, datos sobre el presupuesto autorizado y ejercido, por lo cual el OSFEM presumió ineficiencia en la rendición de cuentas y falta de transparencia.
Secretaría de Educación
En el programa Beca Familias Fuertes por la Educación el Órgano Superior detectó falta de eficiencia en los mecanismos de control para identificar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a los avances en la cobertura de ese apoyo; así como falta de certeza de que el apoyo se haya focalizado adecuadamente.
La dependencia no acreditó que las personas beneficiarias hayan cumplido con los requisitos; no hubo evaluación a los resultados, ni al desempeño de ese programa, ni se informó cómo superarán su condición de pobreza.
Faltó monitoreo a la entrega de apoyos, pues la Secretaría de Educación no reportó la población objetivo atendida, los apoyos entregados a cada beneficiario, montos de transferencias, me resultados de los servicios y faltó seguimiento a los avances y resultados, e información sobre el dinero autorizado y ejercicio en esas becas.
Vivienda
En el programa Familias Fuertes Mejoramiento de Vivienda el OSFEM advierte que el IMEVIS solo atendió a 48 de 125 municipios, entre ellos ocho que no contemplaron localidades de «alta» y «muy alta» marginación, y hubo población beneficiada de localidades de «media», «baja» y «muy baja» marginación.
El OSFEM señaló que en la Cuenta Pública faltó información sobre la aplicación de recursos de ese programa, hay no inconsistencias entre datos ofrecidos por el IMEVIS y lo encontrado en las auditorías en los apoyos entregados; además faltó información sobre metas físicas, monto modificado y ejercido y resultados de evaluaciones, padrón de beneficiarios, falta de transparencia y de seguimiento para evaluar la oportunidad y calidad con que se otorgan los apoyos.
En las visitas de verificación realizadas por personal comisionado del OSFEM identificaron inconsistencias como el hecho de que para un beneficiario el cuarto adicional construido con el paquete de materiales recibido se encontró en otro domicilio, 34 de 92 paquetes de láminas de fibrocemento entregados no habían sido colocadas.
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En 11 visitas de verificación de edificación de casa constataron que cinco unidades básicas de vivienda (pie de casa) no estaban habitadas por el beneficiario, 10 no estaban pintadas y nueve no estaban impermeabilizadas; además, para un apoyo se manifestó que el block fue puesto a la venta y el resto de materiales no fue aplicado en su totalidad.
«Dichas situaciones identificadas en campo dejan de manifiesto que la entrega de los materiales no da cuenta de que, por medio de ésta, se contribuye al mejoramiento de la carencia de calidad y espacios de vivienda de los beneficiarios, por lo que la entidad fiscalizada se presume de ineficaz en el cumplimiento del objetivo del programa social«, concluyó el OSFEM.
Apoyos Agrícolas
Sobre el programa Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, componente alta productividad (proyecto: Alta Productividad de granos básicos), el OSFEM advirtió que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, antes denominada del Campo, lo implementó solo en dos de los tres componentes que lo integraron y el llamado de Alta Productividad no fue ejecutado porque en el ejercicio anterior no le dieron recursos, y en 2020 ya no los solicitó; por lo cual el órgano recomendó al gobierno autorizar los recursos y documentar la entrega de apoyos.
En el programa Alta Productividad de granos básicos la auditoría mostró que no se identificó el problema, ni se cuantificó a la población objetivo, las metas no fueron claras, ni específicas, no se monitoreó, ni dio seguimiento a la transferencia de insumos y conocimientos técnicos y tecnológicos a favor de los productores de granos básicos.
El OSFEM presumió ineficacia en el cumplimiento de las metas «solicitudes de organizaciones de productores» e integración del padrón de beneficiarios de alta productividad, pues no hubo evidencia para acreditar los resultados reportados.
En la verificación del cumplimiento del objetivo del proyecto “Alta productividad de granos básicos”, que se refiere a “incrementar la productividad del campo mexiquense mediante la transferencia de insumos y conocimientos técnicos y tecnológicos, a favor de los productores de granos básicos establecidos en la entidad”, dentro de su gasto corriente no presupuestó, ni ejerció los recursos necesarios por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y apoyos para prestar los bienes y servicios previstos, en atención a las necesidades de productores.
El OSFEM revisó 44 expedientes y determinó que se refirieron a solicitudes de organizaciones de productores, correspondientes al 2019, y en los resultados de 2020, los expedientes no contaron con evidencia que acreditara la transferencia de insumos y conocimientos técnicos y tecnológicos a los productores de granos básicos; por lo cual, no hubo información para soportar lo reportado en el Informe de Avance Programático al cierre del año y en la Cuenta Pública 2020.
Además, según el OSFEM no hubo control y seguimiento a la relación entre la asignación y ejercicio de los recursos, y el objetivo y metas establecidas y el 94.1 por ciento del proyecto destinado a incrementar la productividad del campo, mediante la transferencia de insumos y conocimientos técnicos y tecnológicos a productores de granos básicos, se destinaron al capítulo mil, es decir, a remuneraciones del personal de la dependencia.
Por ello, no hubo recursos para financiar la transferencia de insumos y conocimientos técnicos y tecnológicos a productores de granos básicos; no se acreditó que el gasto se relacionara con el objetivo y las metas del proyecto, pues el dinero se fue en salarios
Salario Rosa por el emprendimiento
Este programa lo operó el Instituto Mexiquense del Emprendedor, pero el informe señala que no acreditó el grado de cobertura, no se monitorearon avances, ni se acreditó que la cobertura se haya orientado con base en las Zonas de Atención Prioritaria. Además, solo atendieron a mujeres en 28 municipios, hubo beneficiarias que no eran de ZAP, por lo cual, el apoyo habría sido ineficiente y no hubo certeza de que ayudara a elevar el ingreso económico.
También habría habido ineficiencia para registrar a personas interesadas, no hubo información en el registro digital para acreditar el cumplimiento de requisitos, el 0.3% de beneficiarias no cumplió con el rango de edad. Para 129 beneficiarias no fue posible identificar si se encontraban en pobreza o pobreza extrema, faltaron documentos para acreditar los requisitos y hubo algunas inconsistencias en relación con los documentos de los domicilios, vigencia del comprobante domiciliario y otros.
Por ello, el OSFEM concluyó que no hubo certeza de que ese programa se focalice adecuadamente. Adicionalmente, identificaron posible ineficiencia en la actualización e Integración del padrón de personas beneficiarias, en el seguimiento y monitoreo de avances y resultados, en evaluar resultados y en el ejercicio, control y seguimiento de la prestación de servicios de ese apoyo. No se mostró cómo mejorarán su nivel de ingreso y no se alcanzó la meta, pues solo llegaron al 24.3%.
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El OSFEM encontró posible ineficiencia en el ejercicio de rendición de cuentas, ya que el Instituto no informó sobre la población objetivo atendida, los apoyos entregados para cada beneficiaria, los montos de transferencias realizadas, los resultados de los servicios otorgados, el registro de indicadores para monitorear y dar seguimiento de avances y resultados en el programa, ni se presentó el detalle de atención de personas beneficiarias. Tampoco se dio cuenta del presupuesto autorizado y ejercido.
El año pasado, el OSFEM hizo observaciones a la cuenta 2019 por mil 564 millones a las 15 vertientes del Salario Rosa, por, entre otras cosas: presunta duplicidad de beneficiarios, personas que no habrían recibido recursos, a otras les habrían entregado una cantidad menor al monto establecido y supuestos condicionamientos de la entrega; la falta de un padrón confiable, becas a quienes no cumplieron el promedio de 8. Los señalamientos siguen en proceso de aclaración.
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