El próximo 31 de diciembre las actuales administraciones de algunos municipios en el Valle de México concluirán sus funciones en el cargo público. Otros permanecerán luego de haber ganado la reelección en la pasada jornada electoral de junio. Este es el caso de Ecatepec, Coacalco y Huixquilucan. Otros, todavía tratan de aprovechar los últimos días de su gobierno para dejar las arcas municipales en los mejores términos financieros.
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Naucalpan
El panorama más complicado lo tiene Naucalpan, a cargo de la morenista Patricia Durán, dado que las manifestaciones de sus trabajadores que no han recibido el pago de quincenas y salarios continúan a escasos días de que concluya la administración.
Este miércoles, integrantes del Cabildo realizaron la última sesión ordinaria, donde se culparon unos a otros de solapar la poca transparencia y las irregularidades que de manera constante se denunciaron a lo largo de los tres años de gobierno. Sin embargo, ni síndicos ni regidores, ni la presidenta municipal ofrecieron la solución para saldar las deudas con los empleados sindicalizados, de confianza y raya. El líder sindicalista Tomas Palomares dijo que “de ser necesario” acudirá a la mañanera del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
La deuda de la morenista no solo afecta a sus trabajadores (400 mdp); también acumula un incumplimiento de pago por más de dos mil millones de pesos para con sus proveedores, según medios nacionales.
La administración 2019-2021 cierra de manera insólita, “como no se había visto en la historia de Naucalpan”, a decir de algunos ediles y de los propios trabajadores que desempeñan labores burocráticas desde hace décadas. Será la panista Angélica Moya, quien asuma el cargo a partir del 1 de enero.
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Ecatepec
La misma situación enfrentan trabajadores sindicalizados del municipio de Ecatepec, que en días recientes protestaron con bloqueos en vías principales de la localidad para exigir el pago de aguinaldos y reinstalaciones de empleados que habrían sido despedidos de manera injustificada por el actual alcalde Fernando Vilchis, quien arrastra con la problemática para el inicio de sus segundo periodo como presidente municipal.
De acuerdo a versiones emanadas del del Sindicato Único de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), son más de mil empleados del Organismo del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento municipal los principales afectados por la falta de pago de aguinaldos y prima vacacional.
En su defensa, Vilchis alegó que dichas movilizaciones fueron provocadas por “grupos de choque afines a partidos políticos del PRI y del PRD” para “boicotear” su segunda toma de protesta. También señaló mediante un comunicado que “personal adscrito al Suteym” liderado por María del Carmen Flores fueron movilizados para afectar el tránsito vehicular. Sin embargo, las protestas y exigencias de pago se han mantenido hasta la fecha, veinte días después de su toma de protesta, y una semana antes de concluir su primer periodo como alcalde de Ecatepec.
Tlalnepantla
El municipio de Tlalnepantla es uno de los pocos que hasta el momento ha sesionado para aprobar su proyecto de presupuesto de egresos 2022, el cual asciende a 4 mil 122 millones 258 mil 181 pesos con 68 centavos, dinero que es producto de la recaudación propia. En esta sesión también se aprobó el Programa Anual de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de 459 millones 28 mil 245 pesos con 20 centavos.
Aunque en una cifra mucho menor a la de Naucalpan, el ayuntamiento de Tlalnepantla a cargo del morenista Raciel Pérez Cruz, deja un adeudo de 24 millones de pesos para con sus proveedores. Será el representante de la alianza Va por México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien regrese como alcalde a partir del 1 de enero próximo.
Aparentemente la situación financiera de Tlalnepantla concluye sin mayores tropiezos. Y es que, desde el pasado mes de agosto se tramitaron diversas operaciones relacionadas con los pasivos y finanzas del ayuntamiento. Por ejemplo, la subasta del Antiguo Tiradero Municipal, supuestamente para destinar recursos al pago de pasivos de un crédito contratado en administraciones anteriores, según se argumentó desde el Congreso local. Opositores a esta medida han señalado irregularidades y opacidad en el proceso de venta y licitación para el funcionamiento del actual Relleno Sanitario.
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Vuelcos en Coacalco y Chimalhuacán
A unos días de que concluya la actual administración municipal de Coacalco para el periodo 2019-2021, ocurrió un vuelco inesperado, luego de que la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el triunfo del priísta David Sánchez Isidoro, quien ya había rendido protesta. De ese modo, dictaminaron como ganador definitivo a Darwin Eslava, actual presidente municipal, quien repetirá en el cargo al menos hasta el año 2024. Esta situación aún está pendiente por resolverse en la Sala Superior del Tribunal.
Para Chimalhuacán el cierre de la administración 2019-2021 se trata de un evento histórico, ya que el de Jesús Tolentino Román, es el último periodo a cargo del PRI y del movimiento Antorcha Campesina, quienes mantuvieron el poder hasta por siete décadas.
Administraciones se van, pero las deudas se heredan
Las administraciones que dejan adeudos con trabajadores, proveedores y otros pasivos pueden convertirse en un problema de financiamiento para gobiernos futuros, ya que pueden dar paso a demandas y laudos laborales que se traducen en pagos por resarcimientos de miles e incluso millones de pesos.
En noviembre pasado, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal señaló que se debe castigar a las o los servidores públicos que ponen en riesgo las finanzas públicas y el patrimonio de la ciudadanía.
La legisladora subrayó que las salidas fáciles con el tiempo generan crisis insostenibles para la ciudadanía, por lo que exhortó a las autoridades municipales y estatales a ser eficientes en el manejo de recursos públicos, pues para 2022 se incrementó el 4.7% el presupuesto a las entidades y los municipios, participaciones que no estarán etiquetadas y será su responsabilidad determinar las prioridades del gasto.