El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática anunció que impugnará la llamada “Ley Atenco”, que aprobaron recientemente sus diputados locales en el Estado de México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que a todas luces restringe el derecho de manifestación y permite a las fuerzas de seguridad la violación sistemática de los derechos humanos de la población.
A través de un comunicado de prensa emitido la noche de este martes, Verónica Juárez Piña, Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, confió en que los ministros resuelvan de inmediato derogar por inconstitucional la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México” para garantizar y proteger la libertad de expresión.
Resaltó en el comunicado, que con la aprobación de esta nueva legislación, “violatoria de nuestra Constitución Política y de los tratados internacionales de obligatoria observancia para México, se legaliza la represión, criminalizando a quienes ejercen su derecho constitucional de libre manifestación de ideas, y cuyo real objetivo es el de legalizar violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en San Salvador Atenco en mayo de 2006”.
“No puede haber libertad si en México son asesinados activistas por el único delito de disentir. Como en otros Estados, el gobernador Eruviel Ávila da una clara muestra de autoritarismo y de su evidente incapacidad para respetar el derecho que tienen las y los mexiquenses a expresar su desacuerdo con las políticas regresivas que aplica el Gobierno del Estado, no permitiremos que gobernadores autoritarios sigan con su programa de restauración del viejo régimen”, destaca.
El boletín omite recordar que fueron sus diputados locales junto con los del PRI, PAN, PT, PANAL, Convergencia y Encuentro Social, quienes aprobaron por mayoría la iniciativa de ley enviada por el gobernador Eruviel Ávila sin hacerle ajustes o cambios mayores.
Tampoco dice si habrá sanción para los legisladores de su partido que aprobaron la ley que ahora el CEN repudia.
* Derechos Humanos pide revisar la ley
La ley del Uso de la Fuerza Pública aprobada por la LIX Legislatura del Estado de México debe analizarse, advirtió Baruch Delgado Carbajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal; hizo un llamado para que organizaciones y ciudadanos también la revisen con el fin de detectar cualquier inconsistencia.
El ombudsman reconoció que en caso de encontrar alguna violación a derechos humanos podrían promover una acción de inconstitucionalidad, que impediría aplicarla, también pueden promover este recurso ciudadanos u organizaciones.
“Hasta el momento la comisión no tiene ninguna solicitud, como ya fue publicada todos debemos estudiarla, aunque debe ajustarse a lo señalado, y deberá cumplir con los estándares internacionales que establecen bajo qué medidas de racionalidad de excepcionalidad se debe aplicar la fuerza pública y esos ya son parámetros universales”, expresó.
Por ello, reiteró que los ciudadanos y las organizaciones también deben revisarla y hacernos notar cualquier inconsistencia, para pronunciarnos por las vías legales; a más tardar la próxima semana realizarían el estudio conducente y las observaciones ciudadanas del mismo.
Reiteró que el organismo se mantendrá atento al uso de armas por parte de los elementos policíacos, como hasta el momento, porque sí hay delitos cometidos por policías, particularmente, por abuso de autoridad, por lesiones y homicidio, no quedarán impunes por que seguirán sujetos a principios y bases constitucionales.
“Vamos a analizarla con mucha objetividad, y escuchando a la sociedad civil organizada, no vamos a permitir el abuso de la fuerza pública, exigiremos el derecho civiles y los policías no estarán exentos de procesos penales, esto no es una patente para que puedan utilizar la fuerza pública”, abundó.