Peña Nieto y sus escoltas pagados con dinero público: Un privilegio que nunca se fue
El 12 de abril de 2019, quedaron formal y legalmente eliminados los privilegios para exgobernadores… o al menos eso se suponía. Sin embargo, el violento intento de asalto a una de las residencias de Antero Rodarte ha dejado al descubierto el entramado de prebendas y beneficios del que siguen gozando.
Los escoltas que custodiaban la casa atacada —y que frustraron el asalto matando a uno de los presuntos delincuentes— forman parte del personal asignado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la seguridad de Enrique Peña Nieto. Sí, los ciudadanos mexiquenses siguen pagando la protección de Peña Nieto. ¡Vaya contradicción en tiempos de la 4T!
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Un decreto derogado, un privilegio que persiste
No solo es absurdo, sino también contradictorio. Fue precisamente el grupo parlamentario de Morena en la 60 Legislatura local, por iniciativa de la entonces diputada y hoy alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, el que derogó el decreto de febrero de 1993, que otorgaba salario, custodia y personal de servicio a los exgobernadores. El argumento era contundente: un estado con tantas necesidades no podía destinar recursos públicos para mantener a la burocracia dorada en lujos y privilegios.
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El escándalo de la seguridad de Peña
Para dimensionar el abuso que sigue cometiendo Enrique Peña Nieto con los impuestos de los mexiquenses, basta con ver la cantidad de escoltas que tiene asignados: alrededor de 100. Algunos provienen de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, otros de la Secretaría de Seguridad, varios de la Policía Auxiliar e incluso de corporaciones municipales.
Lo más grave es que, como Peña Nieto reside en el extranjero, estos elementos no lo protegen a él, sino a sus hijos, hermanos, excolaboradores, socios y amigos. Un escandaloso abuso que evidencia cómo los privilegios de la clase política siguen intactos.
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El asalto, la muerte y el silencio
El escolta que mató a uno de los asaltantes en la residencia de Antero Rodarte no fue detenido. Desde el mismo día de los hechos fue requerido para su declaración y posteriormente liberado. Por orden de Rodarte, se le instruyó a mantenerse oculto por un tiempo, para evitar filtraciones de información.
De acuerdo con la confesión de los detenidos, quien planeó el asalto fue un policía de investigación vinculado al crimen organizado. Sabían que en ese domicilio había grandes sumas de dinero y bienes de alto valor, como oro, lo que los motivó a ejecutar el golpe. Creían que el crimen quedaría impune, pues sus dueños evitarían denunciar para no tener que explicar el origen de su riqueza.
Al final, la corrupción, los privilegios y la impunidad siguen dominando la escena política en el Estado de México.
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