El segundo piso del Viaducto Bicentenario se extiende a lo largo de 32 kilómetros que van de un punto norte ubicado en Toreo hacia la autopista México–Querétaro (a la altura de la caseta de Tepotzotlán). Es decir, atraviesa cinco municipios de la zona del Valle en el Estado de México: Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. Sin embargo, algo que hace especial a este tramo en específico no es solo su geografía: los cimientos de su construcción están fincados sobre actos de corrupción, omisiones e irregularidades de diversas instituciones y gobiernos a nivel estatal y federal.
Desde hace años, el abogado por la UNAM, Paulo Díez Gargari, ha dado a conocer la trama de corrupción en la que se engrana a distintos gobiernos del Estado de México y que ha terminado por convenir a los intereses privados. Recientemente solicitó un oficio vía transparencia que le ampara para hacer uso de la vía de manera libre, sin tener que cubrir alguna cuota. Este recurso puede ser usado por el resto de la ciudadanía con el mismo efecto. En entrevista, Díez Gargari aclara: no se trata de no querer pagar. “Me opongo al pago de una cuota a alguien que no tiene derecho a cobrar la cuota. Y no tenemos porqué pagarle a alguien que no tiene derecho a pagar la cuota”.
En este sentido, “el gobierno tendría que recuperar en cumplimiento de la ley [el Viaducto Bicentenario] en beneficio de la nación, y luego decidir qué hacer: dejarla como una vía libre de peaje o mantenerla como una autopista de peaje, pero cobrando desde el gobierno. Por supuesto uno esperaría que ese peaje disminuyera sustancialmente en la medida de que ya no habría una inversión por recuperar con cargo a eso”.
A través de acciones y denuncias por la vía legal, cartas al actual presidente, difusión en medios nacionales, redes sociales e intervenciones de protesta ciudadana, Díez ha tratado de difundir que este tramo del segundo piso “está construido sobre una carretera federal sin tener una concesión federal”. Y que es un delito que las ganancias económicas vayan al bolsillo del interés privado de la actual empresa concesionaria Aleatica (antes OHL) y no al de interés público. Tan solo el año pasado se generaron mil millones de pesos por el pago de peajes, de los cuales el gobierno del Estado de México obtuvo solo el 0.5 por ciento. En entrevista, Díez Gargari explicó las irregularidades en torno a la construcción y operación de la vía carretera adjudicada desde 2008, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado.
Recuperación simbólica
El pasado 30 de septiembre, un grupo de ciudadanos se reunió en Periférico Norte y Av. Gustavo Baz con el objetivo de recuperar el segundo piso del Viaducto Bicentenario, ya que está construido sobre la autopista México-Querétaro, que es un bien nacional, explicó Gargari durante la protesta.
«El Viaducto Bicentenario es uno de los ejemplos paradigmáticos de la corrupción peñanietista, que no fue casualidad, fue planeada, acordada y pactada para saquear, primero el Estado de México y luego durante seis años al país entero. Este es el monumento más grotesco a esa corrupción de Enrique Peña Nieto y Aleatica (antes OHL). Aquí el beneficiario no ha desaparecido y esa corrupción sigue generando beneficios, y si los ciudadanos no hacemos nada seguirá generando durante décadas en perjuicio de nosotros. Los ciudadanos debemos tomar conciencia que nos afecta a todos y que es responsabilidad de todos exigir que la autoridad cumpla su función y que no se quede callada».
Detección de las irregularidades en el Viaducto Bicentenario
“Al momento de estar revisando el Viaducto Bicentenario presentó algunas denuncias penales contra Peña Nieto, Videgaray y Luis Esparza para argumentar que las autoridades federales eran competentes de conocer esas denuncias. Este proyecto se había realizado con cargo a fondos federales de Banobras y Fonadin, que le daba competencia a autoridades federales, pero además porque estaba construido sobre una carretera federal. Hasta ese momento no tenía claridad de lo que esto significaba, a medida de que me adentré y avancé en el análisis, vi que el tema era gravísimo”.
De las máquinas “Peña Nieto – San Román” al Segundo Piso
El segundo piso del Viaducto Bicentenario (en adelante VB) se encuentra sobre una autopista que es un bien federal. Su concesión otorgada por el Estado de México en términos jurídicos no existe, es nula y violatoria de la ley, de acuerdo a la explicación del abogado.
El 19 de noviembre pasado Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde hace un par de meses, compareció ante comisiones unidas de Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes. Ante los cuestionamientos de las y los legisladores, el secretario “contestó con mentiras”, consideró Díez. Una diputada le solicitó que le informe sobre el estatus que guarda la recuperación de VB, a lo que respondió:
Sobre el acta de 1983 a la que refiere Arganis, el diputado Carlos Morales señaló que se trató de un acuerdo entre Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Junta Local de Caminos del Edomex, pero que la misma SCT ha dicho que el acta fue para autorizar la regulación de tránsito y convenir la conservación y mantenimiento de la vía federal, y no para permitir su explotación (cobro de peaje), pues esto último requiere concesión desde a nivel federal y no estatal. Así también lo explicó Díez en entrevista.
Además, Díez recordó que en respuesta a una solicitud de información, la SCT acepta que “no hay concesión y no existe ningún acto o licencia que faculte al Estado de México para otorgar una concesión de este tipo”. El abogado consideró que es un avance que legisladores comiencen a hacer cuestionamientos e interrogaciones críticas sobre el tema.
Simple: el Estado de México otorgó una “concesión” que no le correspondía
“No son raros los proyectos en los que un Estado le pide concesión al Gobierno Federal, y luego el gobierno de este estado cede algunos de sus derechos. Esto se hace todos los días, en muchas carreteras así es. Incluso la ley federal permite a la SCT otorgar concesión directa al estado (en este caso el Estado de México) sin licitación pública, pero lo limita a que: si después quiere ceder sus derechos o la parte de la construcción u operación a un tercero, lo debe hacer sujetado a una licitación en términos de la ley federal”.
Por eso el gobierno del Estado de México no pidió la concesión federal, pues en términos federales “no habría sido posible que Aleatica resultara ganadora”.
“Aleatica sabía que construía de manera indebida sobre un bien federal. Entonces llega Peña Nieto a la presidencia y se dedican a encubrir un delito. El que explota un bien del dominio público sin concesión federal comete un delito. Los bienes nacionales son imprescriptibles, inembargables e inalienables”.
El artículo 151 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que “las obras e instalaciones que sin concesión, permiso, autorización o contrato se realicen en inmuebles federales, se perderán en beneficio de la Federación. En su caso, la Secretaría ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna”.
Persecución de Estado
Desde 2015, cuando Díez Gargari empezó a hacer públicas las denuncias por corrupción, y ya con Peña Nieto en la presidencia, también se dio una persecución de Estado en su contra, tal como el mismo relata. Hubo intentos de acusarlo penalmente. Por ejemplo, la tarde del 7 de septiembre de ese año, “salgo de mi oficina y avanzo en mi coche por San Jerónimo rumbo a Periférico”.
“Me esperaba un contingente de policías federales con al menos un infiltrado del Estado de México que no tenía nada que hacer ahí, pero ahí iba”.
“Su idea era detenerme donde no hay cámaras. Antes de entrar a Periférico, una camioneta pick up blanca y sin placas me rebasa, se da la vuelta y se detiene. Atrás, otros carros me chocan”.
“Así tuve que bajar, y eran como doce policías, como si fueran a detener al Chapo Guzmán, y me dicen que me están buscado para que vaya a comparecer como testigo en una carpeta de investigación o averiguación previa relacionada a OHL y uno de mis clientes”.
“Le pregunté que porque hacían eso: ¿ustedes normalmente hacen esto, así cumplen las ordenes para llamar a alguien? Respondió que ‘no’: “vamos a su domicilio y dejamos citatorio”. –¿Y luego?– “Es que no sabemos donde está su oficina.”, respondió uno de los oficiales.
Mientras tanto, una de las personas que venían en la camioneta colocó una arma envuelta en el interior del carro de Díez, con el fin de detenerlo y acusarlo por portación ilegal de armas. Sin embargo, un video captado desde una cámara de un negocio local de una tapicería captó cuando el sujeto se acercó al carro con el fin de fabricar el delito.
Actualmente por este hecho hay diez policías federales y un agente sujetos a proceso con auto de formal prisión en su contra. En esa ocasión “me quitaron mi celular y sacaron información”. Aunque pudo comprobar su inocencia por portación ilegal de armas, no es la única vez que se intentó perseguir de esta forma al abogado.
Para Díez Gargari “la mejor manera de acabar con la corrupción es cuando las personas pelean por su derecho y eso es lo que quiero transmitir. No debemos dejar que nos pasen por encima. La corrupción amedrenta y silencia a todo el mundo”.
*Paulo Díez Gargari es abogado por la UNAM y especialista en temas jurídicos de financiamiento de proyectos carreteros, puertos, plantas de tratamiento de agua y relacionados con la infraestructura y su financiamiento público.
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