Cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, de la mano con sus miembros de gabinete, realizaron declaraciones para descalificar a las víctimas de graves abusos en contra de la población durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, mismos que fueron motivo para que progresara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el estado mexicano se vuelve responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal tanto de ellas como de sus familiares a la vida privada, autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
Ante ello, la CIDH insiste que el caso es meritorio de considerarse bajo los conceptos de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, luego de que el Estado mexicano negara atención desde 2015.
En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han dejado de exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno.
La CIDH hace señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policíaca contra pobladores y activistas de Atenco mientras fuera éste gobernador del Edoméx.
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