Toluca, México; 6 de junio de 2018. Habitantes del ejido de San Luis Ayucan del municipio de Jilotzingo, en el Estado de México, denunciaron que el pasado viernes agentes ministeriales impidieron a 25 personas realizar labores de barbecho en la tierra de ese ejido, argumentando un conflicto en la posesión de la tierra con la Hacienda de Apaxco.
El representante de los comuneros, Rubén Mayén González, indicó en una carta que el problema de posesión de la tierra con los dueños de la Hacienda de Apaxco se remonta a la década de los 80 del siglo pasado.
El ejido de San Luis Ayucan surgió por decreto presidencial en 1921, con 360 hectáreas de tierra de la ex Hacienda de Apaxco. Posteriormente, después de unas gestiones de representantes comunales con la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, en 1937 se amplió la superficie del ejido, llegando a 450 hectáreas de tierras que antes pertenecían a la mencionada hacienda.
Los denunciantes indican que en los años 80 del siglo pasado se suscitaron los problemas con los dueños de la propiedad, quienes exigieron sus derechos de posesión de las tierras de las inmediaciones del casco de la hacienda.
En 2000 Alicia Alcaraz Villatoro, esposa de Francisco Rojas Pinedo, demandó a los representantes del ejido de San Lucas Ayucan por despojo de tierras. Varios ejidatarios estuvieron a punto de ser procesados, y el procedimiento penal quedó asentado en el expediente 140 del Juzgado Octavo de Distrito.
No obstante, los problemas siguieron para los habitantes de San Lucas. En 2016 fueron detenidos y remitidos ante el Ministerio Público seis ejidatarios de esa comunidad, acusados de daños en propiedad privada. Ellos salieron en libertad dos días después, en una serie de irregularidades que los comuneros señalan, entre ellas que la autoridad ministerial se negó a proporcionarles copias del proceso judicial y las actas de las detenciones.
Mayén González informó que el pasado viernes un agente ministerial, acompañado de varias personas a bordo de camionetas, arribaron a tierras del ejido de San Lucas, en donde varias personas se encontraban laborando la tierra, indicándoles que tenían una denuncia de la señora Alicia Alcaraz Villatoro por tala clandestina contra quien resultara responsable, situación que causó molestia e inconformidad entre la población.
No obstante, al acudir ante el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza para solicitar una copia de la carpeta de investigación por el delito que se les imputaba, la autoridad ministerial mexiquense informó que no tenía conocimiento de tal proceso, por lo que los ejidatarios sospechan sobre presuntas acciones de Alicia Alcaraz fuera de la ley para hacerse con la posesión de la tierra de San Lucas Ayucan en Jilotzingo.
Alicia Alcaraz y su esposo, Francisco Rojas Pinedo, tienen un historial de despojo de tierras en los municipios de la Sierra de Guadalupe, que divide al Valle de Toluca de la Cuenca de México, para la construcción de zonas residenciales.
El 20 de febrero el portal El Sol de Toluca informó sobre las acciones ilegales del empresario Francisco Rojas Pinedo contra los ejidatarios de Santa María Mazatla, relacionadas con la parcelación de tierra comunal implementando mallas para la delimitación de terrenos comunales haciéndolos pasar como propios.
En ese entonces, los comuneros indicaron que los magistrados y jueces mexiquenses inclinaban la balanza en favor de Francisco, ya que sólo tomaban en cuenta las pruebas por derecho de tierra presentadas por él y descartaban los documentos de los comuneros, quienes por decreto presidencial de 1935 son los dueños de las tierras en disputa.
En 1983, la Secretaría de Gobernación emitió en el Diario Oficial de la Federación un edicto mediante el cual dejó sin efectos jurídicos la solicitud de tenencia de tierra de varios particulares, entre ellos Francisco Rojas Pinedo y su esposa, así como de otras tres personas con los mismos apellidos que Francisco: Julia Rojas Pinedo, Rutilo Rojas Pinedo, Felipe Rojas Pinedo, y otra mujer llamada Julia Pinedo de Rojas.
Los predios en disputa fueron Doña Juana, Tres Piedras, Laguna Seca, Las Pilitas, Salazar, La Encarnación y Cerro del Gato, este último ubicado en el municipio de Tlazala y en donde actualmente se tiene contemplada la construcción de una unidad residencia de clase media alta denominado Bosque Diamante.
No obstante la petición de las tierras de esos predios, la Secretaría de Gobernación negó la solicitud debido a que los solicitantes no radicaban en la municipalidad y no se conocían sus domicilios. Aparte de los particulares, la Fraccionadora Lomas del Río y la Promotora Deportiva Bosques de México S.A. figuraban en la lista.
En aquel entonces, los ejidatarios de la comunidad de Transfiguración Monte Alto de Villa Nicolás Romero solicitaron la restitución de tierras de la Ex Hacienda de La Encarnación, cuyos terrenos estaban en posesión de particulares.
El gobierno federal comisionó a un grupo de expertos para que delimitaran los terrenos en disputa, realizaran estudios de la zona y de los títulos de posesión de la tierra, para que el gobierno emitirá una sentencia a favor o en contra de los ejidatarios de Transfiguración.
La propiedad de los terrenos denominados “Salazar” fueron adjudicados a Mariano Calderón Almazán, una superficie de 800 hectáreas, quien adquirió la posesión de la tierra a Julia Pinedo de Rojas y a Alicia Alcaraz de Rojas.
Durante ese estudio, se acreditó la propiedad de los terrenos denominados “Doña Juana”, “Tres Piedras” y “Las Politas” a la Empresa Descentralizada Protectora e Industrializadora de Bosques (PROTINBOS), representada legalmente por Mayolo del Mazo Alcántara, quien también es copropietario, junto con Alexandra Puente Correa, de la empresa Publicidad MAP S.A. de C.V.
En junio de 2017, Aristegui Noticias publicó un reportaje sobre los contratos que Publicidad MAP obtuvo del Partido Revolucionario Institucional para promocionar la imagen del entonces candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que obtuvo 277 mil 425 pesos por contratos de publicidad a través de espectaculares para la precampaña y campaña del ahora gobernador mexiquense.
Mayolo del Mazo Alcántara es primo de Alfredo del Mazo González, exgobernador mexiquense de 1981 a 1986 y padre del actual mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo III.
Por otro lado, Alexandra es hija de Luis Felipe Puente Espinoza, actual coordinador nacional de Protección Civil y quien formó parte del gabinete de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador mexiquense (2006-2011).
Posteriormente, en 2007 la misma comunidad de San Luis Ayucan denunció a Francisco Rojas Pinedo y su esposa Alicia Alcaraz Villatoro, presuntos dueños de la mina Agregados de Chiluca, porque un socavón de esa mina era utilizado como vertedero de desechos hospitalarios, lo que afectaba al medio ambiente de esa comunidad y zonas aledañas.
En entrevista al portal El Universal, el representante de los comuneros, Gregorio Tovar, indicó que “Tenemos derecho a saber por qué autoridades estatales y municipales permiten el funcionamiento de este basurero tóxico, en medio de nuestras tierras, en uno de los últimos municipios boscosos del Valle de México”.
Francisco Rojas Pinedo, empresario del sector inmobiliario de Atizapán de Zaragoza, fue acusado un año después, en 2008, por ejidatarios de San Luis Ayucan, de ser el autor intelectual, junto con el expresidente municipal de Jilotzingo, Jaime Mayén Núñez, del asesinato del abogado Fernando Mayén, quien logró por la vía jurídica el cierre del relleno sanitario de Jilotzingo, ubicado cerca del cauce de un acueducto de la zona que surte de agua a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, en donde se vertían los desechos del Hospital General de México.
Francisco Rojas Pinedo ha sido acusado de ser un intocable del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, porque él fue uno de los empresarios que financió su campaña como candidato a la gubernatura mexiquense, cargo al que accedió en 2006.
La rapacidad de Rojas y Alcaraz quedó evidenciada una vez más el mes de julio de 2014. En una carta dirigida al medio Proceso los pobladores del ejido de Santa María Mazatla denunciaron al matrimonio por querer despojarlos de 36 hectáreas de tierra con el fin de fraccionar el terreno para la construcción de residenciales de lujo.
“Los actores son Francisco Rojas Pinedo y su esposa Alicia Alcaraz Villatoro, contra el ejido de Santa María Mazatla, municipio de Jilotzingo, Estado de México. Pretenden despojarnos de 36 hectáreas”.
En 2005, un sujeto de nombre Juan Latapí Sarre, demandó al ejido de Santa María Mazatla, para la restitución de las 36 hectáreas, no obstante, el denunciante nunca se presentó ante los tribunales agrarios para que procediera la demanda.
Sin embargo, poco tiempo después la denuncia la hicieron suya Francisco y Alicia, quienes impugnaron la decisión del Tribunal Agrario que establecía la improcedencia de la demanda inicial de Latapí. Hasta hoy la disputa por la tierra entre ejidatarios y empresarios sigue latente en Santa María Mazatla.
En Jilotzingo la empresa Bosque Avivia pretende construir un complejo residencial en la mitad del Cerro del Gato, una zona boscosa mexiquense que alberga unas 1 mil 500 especies de animales, algunas de ellas en riesgo de extinción.
También en esa zona la empresa OHL pretende construir una autopista que conectaría a Atizapán de Zaragoza con Atlacomulco, la capital del PRI mexiquense, y que pasaría por el residencial Bosque Diamante, lo que elevaría el precio de los predios, beneficiando a la empresa constructora de la zona residencial.
Bosque Diamante pretende ser un complejo urbano incrustado en medio del bosque de coníferas de la Sierra de las Cruces, sistema montañoso que divide a la Cuenca de México del Valle de Toluca. El desarrollo inmobiliario costará 776 millones 83 mil pesos y se construirán viviendas para 85 mil 336 personas.
Estes es el documento completo de los ejidatarios de Jilotzingo.
También te puede interesar: