Parece increíble que un dato tan relevante haya sido tan poco difundido: el Estado de México es una de las dos entidades del país dónde la pobreza no disminuyó en el periodo 2018-2022, por el contrario, aumentó 1.10 por ciento, casi 90 mil pobres más, de acuerdo con las propias cifras del CONEVAL. El Salario Rosa fue solo un placebo con alcances propagandísticos.
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El dato es demoledor y descoloca de su narrativa exitosa a los dos secretarios de Desarrollo Social de la administración anterior: Alejandra del Moral y Eric Sevilla. Ese fracaso es todavía más doloroso y, en buena medida, explica la reciente derrota electoral compartida también por ambos. Gastaron miles de millones de pesos del presupuesto, pero no pudieron sacar a un solo mexiquense de la pobreza.
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El reto para el nuevo gobierno, que ha declarado que primero los pobres, es gigante. Recibe un estado con la mitad de su población —un exacto 50 por ciento— en condiciones de pobreza, alrededor de 8.5 millones de personas sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
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Las diputadas prianistas toluqueñas, Teresa Castell y Melissa Vargas, parece que quisieran reelegirse, pero como ambas saben que no pueden por haber sido sancionadas por violencia política de género, se pusieron de acuerdo y promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC). Porque según ellas y sus abogados, el INE excede sus facultades y viola los principios de seguridad y certeza plasmados en el artículo 15. En otras palabras, quieren salvar el escollo que las inhabilita. Vaya, vaya.
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La disputa interna en el prianismo no es por las candidaturas de mayoría, sino por las de representación proporcional. Los integrantes de la nomenklatura no quieren exponerse a perder en una elección abierta y ejercen presión para que se les garantice un asiento en la próxima Legislatura vía la lista de plurinominales. Así de complicado ven el panorama.
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