¿Es tiempo de despenalizar la eutanasia en México? Al menos el debate se puede avivar en los próximos días, luego de que se presentara La iniciativa ciudadana “Ley Trasciende”. Esto ocurrió la semana pasada ante el Senado y la Cámara de Diputados. Quienes lo hicieron (presentando, además, más de cien mil firmas a manera de respaldo ciudadano) sostienen que se trata de un reclamo histórico por el reconocimiento pleno de la autonomía personal como derecho humano fundamental.
En términos generales, la iniciativa busca despenalizar la eutanasia activa y pasiva, reformando el artículo 166 de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, que actualmente la castigan. De inmediato han surgido reacciones señalando que se trata de “promover la muerte”. Pero quienes respaldaron la iniciativa aseguran que, por el contrario, se busca garantizar que nadie muera en ausencia de su dignidad.
El tema remite, inevitablemente al derecho humano a decidir sobre el propio cuerpo. Debe considerarse que la Constitución, en su artículo 1°, obliga al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Entre ellos destaca el derecho a la autonomía personal, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este principio no se detiene en la vida: incluye el derecho a decidir cómo y cuándo terminarla cuando el sufrimiento es irreversible e insoportable.
El rostro visible que impulsa esta iniciativa y abre el debate es el de Samara Martínez, quien a sus 30 años, con lupus eritematoso sistémico y diálisis diaria ha dicho: «no pido morir», más bien, «pido que el Estado deje de obligarme a sufrir». Ella misma ha decidido presentarse como un caso que ilustra la situación de cientos de miles de mexicanos, cuyos padecimientos no tienen cura, requieren cuidados paliativos y, sin embargo, no los reciben, por falta de seguridad social, de medicamentos, de equipo, etc.
Lo que se está proponiendo con esta iniciativa de ley aplicaría para personas mayores de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, afectados por enfermedades crónico-degenerativas, terminales o discapacitantes irreversibles. Primeramente, sugiere que se consigne legalmente un procedimiento riguroso para evitar abusos, incluyendo la obligatoriedad de que sea el paciente quien exprese su voluntad por escrito ante notario, reafirmarla cinco días después y contar con evaluaciones médicas y psicológicas.
Si esta iniciativa entrara a discusión en el Congreso tendría que examinarse a detalle, pues sugiere la eutanasia activa (administración de fármacos letales) y pasiva (retirada de tratamientos vitales), siempre con respeto a la objeción de conciencia de los médicos. Además, obliga al Estado a garantizar cuidados paliativos accesibles, asumiendo su responsabilidad por haber firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7: prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes) y del Protocolo de San Salvador (artículo 11: derecho a la salud).
Recuérdese que la ONU, en su Informe sobre Cuidados Paliativos (2021), ha señalado que negar la eutanasia en contextos de sufrimiento extremo puede constituir un trato inhumano. En atención a ello, en otros países latinoamericanos, como Colombia, su Corte Constitucional estableció que prolongar la vida en condiciones de dolor extremo viola la dignidad humana. México, en cambio, mantiene una prohibición absoluta que criminaliza a médicos y familiares que actúan por piedad, violando también el principio de proporcionalidad penal.
Algunas voces críticas han señalado que legalizar la eutanasia siempre encierra el «riesgo a los vulnerables». Es decir, que permitiéndose esa figura legal podría abrir la puerta para aplicarla de manera no regular a ancianos solos, a gente en pobreza o desamparo. Pero el contraargumento más bien señala cifras: que actualmente en nuestro país 70% de los pacientes con cáncer mueren sin acceso a opioides que aminoren el dolor.
En materia de derechos humanos existe un principio jurídico que es el de la progresividad. En ese sentido se podría sugerir que la aprobación de una iniciativa como esta encontraría respaldo en tal principio, que incluso está consignado constitucionalmente. Ha sido atendiendo a ellos que de manera reciente se despenalizó el aborto (2023) y se reconoció el matrimonio igualitario (2022), ambos temas igualmente muy polémicos.
En el caso de la eutanasia, ya hay antecedentes de jurisprudencia, pues la Suprema Corte de Justicia reconoció que negar la sedación paliativa profunda a pacientes terminales puede ser inconstitucional. Ahora habrá que ver qué hace el Congreso, si turna la iniciativa a comisiones, si se abre el debate, si es dictaminada y si sube al pleno para su aprobación. Es un camino largo, pero, como dije al inicio, por lo menos el debate sí podría abrirse.
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