En la actualidad, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, alberga a tres exalcaldes del Estado de México (Edomex), todos ellos acusados por distintos delitos y dos con sentencias condenatorias ya dictadas.
El más reciente ingreso fue Raymundo «N», exalcalde de Toluca, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en el delito de secuestro exprés. El exalcalde de Toluca permaneció prófugo de la justicia durante 54 días, hasta que lo arrestaron en un departamento de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Se le investiga por su presunta responsabilidad en un secuestro exprés con fines de extorsión ocurrido en abril del año anterior, donde la víctima habría sido el padre de su exesposa.
Exalcaldes del Edomex con sentencia en el penal de Santiaguito
Otro exalcalde que se encuentra en el penal de Santiaguito es Gerardo Nava Sánchez, quien gobernó Zinacantepec durante el periodo 2019-2021. Detenido antes de concluir su mandato, a Nava Sánchez lo acusaron de ordenar un ataque contra el entonces primer regidor de Zinacantepec en marzo de 2020.
Las investigaciones lo señalaron como autor intelectual del atentado, y en enero de 2021 lo arrestaron en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. En octubre de 2022, lo sentenciaron a más de 40 años de prisión por homicidio en grado de tentativa.
El tercer exalcalde en Santiaguito es Fidel Figueroa Gómez, quien encabezó el municipio de Zacualpan durante el periodo 2019-2021. Su detención se produjo el 4 de junio de 2020 por su presunta participación en una emboscada ocurrida el 11 de marzo de 2019, donde resultó herido el entonces fiscal regional de Ixtapan de la Sal y falleció uno de sus escoltas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) determinó que Figueroa Gómez colaboró con el grupo delictivo La Familia Michoacana, proporcionando información para llevar a cabo el atentado.
En octubre de 2021, lo condenaron a 236 años de prisión por los delitos de homicidio e intento de homicidio, con la agravante de que las víctimas eran servidores públicos de procuración de justicia.
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