El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) no sólo encontró duplicidades en los programas sociales; sino también beneficiarios registrados que no reciben apoyos, otros a quienes les entregan menos recursos de los que corresponden y a quienes les condicionaron los apoyos a cambio de entregar datos personales, de acudir a actos políticos, o a actividades comunitarias.
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También hallaron que los apoyos no siempre llegan a quienes los requieren y un desdén de entidades fiscalizables a atender y publicar los tabuladores salariales y a actualizar sus inventarios para proteger su patrimonio, aún cuando es su obligación.
Durante la reunión que sostuvo la auditora superior del Estado de México Miroslava Carrillo Martínez con diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior ella alertó que en el informe de fiscalización del 2019 también hallaron entes que aumentaron sus nóminas en un 40%, pese a que la ley señala como límite un 3%, pero no dijo cuáles.
Miroslava Carrillo advirtió que el hecho de que los entes, principalmente los municipios, no actualicen su patrimonio genera falta de certeza; por lo cual, ante el cambio que viene en las administraciones municipales podrían pensar en hacer algo para que los ayuntamientos actualicen ese rubro.
Exhibió que antes de la revisión que realizaron, la primera a su cargo, había entidades que llevaban cinco o diez años sin ser revisadas, entre ellas el propio Poder Legislativo que no era auditado desde el 2011, Reciclagua desde el año 2012, el Instituto de Transparencia estatal que llevaba 5 años sin auditarse.
Dijo que han tenido mandatos del Congreso local para hacer revisiones, entre ellas al ISSEMYM, donde ya hicieron observaciones y están en espera de que se solventen. Además, tienen 128 denuncias ciudadanas que les han presentado.
Otro hallazgo, explicó, fue que el Instituto de Formación Continua del Magisterio, creado hace cinco años, todavía no opera, pero desde su creación no ha dejado de recibir recursos, pues tiene un presupuesto anual de 12 millones de pesos.
En los programas sociales el diputado Gerardo Ulloa cuestionó si ante la falta de certeza en torno a que los apoyos lleguen a la población objetivo y el hecho de que no existe un padrón confiable debería detenerse la entrega de recursos para que no sean manejados de manera electoral, pero la auditora explicó que no es atribución del órgano superior definirlo y pintualizó que el informe es del 2019.
Personal del OSFEM explicó que al no encontrar los padrones tuvieron que ir casa por casa para revisar cómo se maneja. Fue así que encontraron las duplicidades y señalaron que el contrato con la empresa que maneja la tarjeta rosa es guardado de manera celosa.
Además, resaltaron que al hacer encuestas a las personas admitieron que algunas son beneficiarias, pero no reciben apoyos, otras reciben menos de lo que deberían y en algunos casos hubo condicionamientos para que se los dieran.
La Comisión de Vigilancia del OSFEM se declaró en receso y volverá a reunirse después de las elecciones del 6 de junio.