En el segundo día del juicio presentado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las representantes de las 11 denunciantes, miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, realizaron los alegatos finales; en los que reafirmaron las denuncias de las demandantes al estado mexicano y las exigencias de reparación del daño que tienen como eje central el acceso a la justicia.
Mientras tanto la representación del estado mexicano a cargo del subsecretario de relaciones exteriores, Miguel Ruiz Cabañas y en la que también estuvo presente el Fiscal General de Justicia del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez, presento también los argumentos finales de manera oral, a los que ambas partes podrán hacer agregados por escrito hasta el 17 de diciembre.
Dentro de la participación de la defensa solicitó a la corte un pronunciamiento sobre el fenómeno de la tortura sexual a mujeres como una practica estatal; sobre la represión en contextos de protesta social, así como la constante repetición de estas acciones estatales y la ineficacia para prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y erradicarlas.
La defensa también solicitó desarrollar en mayor medida todos los tipos de responsabilidad penal que los estados deben establecer, en el marco de su obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos; así mismo se profundice en medidas de no repetición, necesarias para combatir la tortura sexual a mujeres.
Dentro de los alegatos presentados por las representantes también resaltó la mención a la cadena de mandos “Diversas autoridades entre ella el gobernador del Estado de México, el secretario de gobierno del Estado de México (Enrique Peña Nieto), el comisionado de la agencia de seguridad estatal del estado de México (Wilfrido Robledo Madrid) y el secretario de seguridad publica federal (Eduardo Medina Mora) se reunieron y decidieron desplegar un operativo de por lo menos de 1815 policías estatales y aproximadamente 700 federales para “restablecer el orden”.
“Como ha quedado probado durante los dos días se dio un uso arbitrario de la fuerza, se produjeron detenciones indiscriminadas y colectivas en las que más de 200 personas entre ellas alrededor de 50 mujeres fueron ilegal y arbitrariamente privadas de la libertad y dos jóvenes fueron ejecutados”. Señalo la defensora.
Bajo estos argumentos el centro Prodh refirió que los hechos no fueron aislados, fueron coordinados, para cometer violaciones a los derechos humanos, lo cual de acuerdo al centro forma parte de un continuo histórico.
Este elemento será clave en el proceso que se seguirá por parte de la corte, que el próximo año emitirá su sentencia; pues el alegato central del estado mexicano se mantiene en que las agresiones fueron una conducta propia de algunos elementos policíacos y no de una política de estado.
La justificación del gobierno mexicano
Por su parte el subsecretario de relaciones exteriores Miguel Ruiz, presento la mayor parte de los alegatos del estado mexicano en los que destacó, las disculpas ofrecidas por el estado mexicano y el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 11 mujeres denunciantes.
Sin embargo justificó que la decisión del estado para el uso de la fuerza publica fue legal, que no existen pruebas para afirmar que las violaciones se debieron a una estrategia estatal y en un polémico argumento señaló, “la forma violenta de los manifestantes no justificaba los excesos y abusos que agentes realizaron”.
Luego de esto, el subsecretario afirmó que las investigaciones y los procesos contra los responsables se cumplieron, respecto a la cadena de mandos señalo que no es posible ampliar las acusaciones por falta de pruebas y también negó la existencia de pruebas sobre la participación de elementos federales.
Para finalizar su intervención el subsecretario expresó que el estado cumplió en su totalidad las observaciones hechas por la comisión interamericana.
Durante las preguntas de los jueces Alejandro Gómez Fiscal General de Justicia del Estado de México intervino para explicar las etapas del proceso legal que hasta ahora solo arrojan a 18 elementos de la policía sujetos a proceso penal, de los que hasta ahora ninguno ha sido declarado culpable.
Las intervenciones finalizaron con la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contrario a lo planteado por la parte acusada, insistió ante la corte en que la situación de impunidad por el caso es total, por lo que esta medida de reparación esta totalmente incumplida.
Pese a que las autoridades tuvieron 9 meses adicionales, producto de 4 prorrogas que le permitieron presentar avances en el cumplimiento de las recomendaciones, esto no se cumplió, y se sumo a los 10 años que el estado mexicano tuvo para garantizar el cumplimiento de justicia en torno al caso.