El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa fue detenido el 15 de octubre de 2020 como resultado de una investigación realizada por la Administración para el Control de Drogas –agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país–. Dicha investigación sugería que el militar mexicano habría establecido contacto con grupos criminales e incluso habría usado su rango para ofrecer protección al cartel, alertar sobre operaciones militares en su contra y dirigir al ejército y sus recursos contra otros rivales.
Salvador Cienfuegos Zepeda fue secretario de la Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña, del 2012 al 2018, él estuvo al mando del ejército cuando ocurrió la masacre de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El fiscal que acusó a Cienfuegos fue Richard P. Donoghue, quien se ha desempeñado como AUSA en el Distrito Este de Nueva York, así como Jefe de la División Criminal y Jefe de la División Criminal de Long Island; también recibió la Medalla Henry L. Stimson de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York en 2007 y el Premio Charles E. Rose 2009 de la Asociación del Distrito Este.
Aunque al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención, después exigió la repatriación del exsecretario. Se argumentó que sería en México donde se investigaría el caso y el mandatario protestó porque la investigación en contra del militar fue ocultada al gobierno mexicano.
Para entender mejor: Respalda AMLO exoneración de Cienfuegos y ordena hacer público el expediente
Tras el reclamo, el gobierno norteamericano retiró los cargos de narcotráfico en contra de Cienfuegos y lo envió a México con la condición de que fuera investigado, sin embargo, al momento de arribar al aeropuerto, durante la extradición, se informó que la investigación se haría en libertad.
El pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la República, representada por Alejandro Gertz Manero, exoneró a Salvador Cienfuegos, lo declaró inocente de las acusaciones de narcotráfico y dio “carpetazo” a las investigaciones. Es decir, en pocas semanas se desechó la evidencia que en mucho tiempo reunió la fiscalía norteamericana, también se le dio acceso al expediente en su contra para que aportara pruebas a favor del general. En menos de cinco días, la Fiscalía decretó el ejercicio de la acción no penal.
Esta decisión fue defendida por el presidente de México, quien acusó a la DEA de fabricar el caso, no obstante, también ordenó hacer público el expediente, aunque esta acción le valió el rechazo y desacuerdo de la agencia norteamericana.
El documento que está publicado en la página de la Fiscalía contiene 751 páginas con fotos y supuestos mensajes entre criminales, enviados desde un Blackberry, en los que una persona: “Zepeda” o “El Padrino” –como se conocería a Cienfuegos– sostiene una conversación con un integrante del crimen organizado.
Las conversaciones también involucran a usuarios identificados como “Spartacus” y “Samanta”, quienes además de mencionar a Zepeda, hacen referencias a Mencho, es decir Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ante la publicación del documento, el gobierno de Estado Unidos aseguró que “México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua al hacer público el expediente” y se dijo decepcionado por la acción, también sostuvo que el caso contra el general Cienfuegos no fue inventando.
En el documento hay una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos enviada a Marcelo Ebrard, canciller mexicano, en donde se menciona que la investigación de DEA no tenía como objetivo a Cienfuegos, sino que la información vinculante se encontró durante otra búsqueda.
En esta administración, las fuerzas armadas han cobrado relevancia en diferentes tareas, es el caso de la instauración de la Guardia Civil que actualmente cumple tareas de seguridad, así mismo, participan en la distribución de medicamentos, vigilan ductos de Pemex, reparten libros, trasladan dinero para programas sociales, entre otras acciones.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que los recursos destinados al Ejército crecieron de unos 4,000 y 5,000 millones de pesos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta mediados de 2010, con López Obrador, el presupuesto rebasó los 30,000 millones.
Por otra parte, la injerencia de los militares ha crecido en tareas sociales y administrativas ha crecido, por ejemplo, han sido nombrados responsables de la construcción de obra pública en el aeropuerto de Santa Lucía y un tramo del Tren Maya y sucursales bancarias estatales; los militares manejan recursos y hacen compras por adjudicación directa, no hay transparencia en el manejo de los recursos; así también lo afirmó el analista en seguridad Edgardo Buscaglia en una entrevista para la BBC: “El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”.