La Dirección de Tránsito Municipal de Naucalpan opera con un andamiaje que, según testimonios ciudadanos, prioriza la recaudación fuera de la ley sobre la seguridad vial. Lejos de las zonas de alto impacto delictivo, los operativos policiales se concentran en áreas comerciales y fraccionamientos como Valle Dorado. Allí, la detención de automovilistas y la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática.
El caso se reactivó este 28 de abril, tras la difusión de denuncias por parte del activista Antonio Martínez, de la organización Lucha Social Ciudadana. Las acusaciones apuntan a la base operativa y escalan hasta el director de Tránsito, identificado con el indicativo «Osiris», a quien organizaciones locales señalan de operar la «caja chica» en la administración del alcalde Isaac Montoya Márquez.
Usan puntos de revisión para extorsionar
Los testimonios documentan un patrón claro: los agentes instalan puntos de revisión bajo el argumento de la prevención del delito, sin embargo, ciudadanos y activistas reportan la presencia de patrullas sin placas y elementos encapuchados que exigen documentación sin que exista una infracción previa, una práctica fuera de reglamento.
«De entrada, no puedes prevenir el delito agrediendo a la gente, no puedes prevenir el delito inventando leyes inexistentes», explicó Martínez en una charla con AD Noticias.
Una vez que el conductor es retenido, el procedimiento abandona el marco legal. El activista detalla que el gobierno municipal reformó el Bando Municipal para justificar detenciones por hechos de tránsito, permitiendo el traslado de ciudadanos a las galeras locales, lo cual duplica las sanciones de manera inconstitucional.
«Tienen la consigna de meter gente para sacar dinero […] para generar ellos dinero», explica el activista al describir las filas interminables de detenidos en el juzgado conciliador.
Durante estas retenciones, los afectados denuncian el robo de pertenencias, principalmente teléfonos celulares. «Cada multa oscila entre los3 mil y los 7 mil pesos«, documenta Martínez, aunque señala que las exigencias económicas por fabricación de delitos mayores pueden ir «desde los 30 mil hasta los 100 mil pesos«.
Agresiones contra menores de edad
La violencia en los despliegues no distingue perfiles. En un solo día, dentro de un mismo operativo en la zona de Valle Dorado, se documentó la agresión directa contra cinco niños por parte de elementos de Naucalpan. El caso salió a la luz pública a raíz de la agresión que sufrió el ahijado del propio activista.
«¿Qué hace un niño de 14 años siendo agredido con un culatazo de la escopeta de un policía? Cortan cartucho y lo encañonan en la cabeza diciéndole que lo van a matar«, denunció Martínez.
Al acudir a la comisaría para exigir respuestas, la organización coincidió con otras dos familias que intentaban denunciar abusos idénticos. «La fiscalía los estaba tratando horrible y no los dejó ejercer su derecho a denunciar«, relató. En el historial de la corporación también figuran menciones de carpetas más graves, como la desaparición de una joven identificada como Kimberly, «que la desaparecieron y nadie supo nada y obviamente la policía está inmersa en toda esta porquería».
La respuesta institucional: protección y amenazas
Frente a las evidencias, la postura del municipio ha sido la protección de sus mandos. En una reunión sostenida el 27 de abril con el comisario de Naucalpan, la corporación se negó a destituir o sancionar al director de Tránsito implicado.
La solución de la autoridad se limitó a una oferta económica. «Dijeron que a lo mucho podía venir a darnos una disculpa y a pagar el celular que el director robó«, relató Martínez, quien rechazó la propuesta afirmando que «nuestra dignidad vale mucho más».
Ante el anuncio de que se realizarían observaciones ciudadanas documentadas en video, la respuesta oficial fue la intimidación. Los mandos advirtieron que los ciudadanos que graben los operativos serán presentados ante el Ministerio Público, a pesar de la falta de sustento legal para dicha detención.
«Es que ustedes no pueden caer en confrontaciones», les justificó el comisario, intentando disuadir la documentación ciudadana. Ante esto, la organización ha exigido que las patrullas no operen con vidrios entintados: «No traen polarizados altos porque no se ve hacia adentro de la patrulla, dónde esconden, cómo esconden, cómo fabrican, cómo torturan a la gente».
Un problema estructural sin resolver
El gobierno de Isaac Montoya asumió el cargo prometiendo abatir la corrupción heredada y anunció la creación de una «Policía Ética». En la práctica, señalan los denunciantes, el ayuntamiento «mete personal de la policía muy noble, muy tranquilo para hacer un acercamiento y tener proyectos con la ciudadanía», mientras el grueso operativo mantiene las agresiones y la extorsión.
A pesar de que el Cabildo suspendió temporalmente la aplicación de multas de tránsito para limpiar la corporación, los abusos continúan a través de los vacíos legales del Bando Municipal. Incluso al interior de la propia dependencia hay víctimas: los testimonios refieren que agentes operativos de base extorsionan a las policías de la división femenil.
Los ciudadanos enfrentan a una corporación que concentra su fuerza en la intimidación. «Vemos un resultado claro: nos están agrediendo, nos están fabricando delitos para que nos callemos y para que nos hundamos en terror», concluyó Martínez.
Para el activista, el balance administrativo es tajante: «Patricia Durán […], con ella fue exactamente lo mismo. Entonces, realmente nunca se ha visto un cambio».
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