Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como especialistas y activistas, encabezaron el Foro de Justicia para los Pueblos del Estado de México, con el cual se abre de nueva cuenta la discusión sobre la aplicación de justicia, espacio donde se reconoció la falta de defensores públicos, así como una mayor apertura al diálogo con colectivos y asociaciones civiles en Edomex
El diputado Max Correa llamó al presidente del Poder Judicial para reanudar las mesas de trabajo de reconciliación y justicia con la Legislatura, incluyendo a las instituciones que operan la Ley de Amnistía.
Señaló que, aunque se han otorgado 3 mil amnistías desde la creación de la ley, se continuará abogando por los presos con delitos menores y los injustamente detenidos.
Dijo que bajo las circunstancias políticas actuales y el cambio de concepción de los jueces podrían volverse a analizar las tesis jurisprudenciales.
“La amnistía siempre tuvo un enfoque político y ahora después de 9 décadas podría cambiar”, acotó.
Irma Leticia Cisneros, titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, resaltó que, a pesar de los avances, aún hay desafíos significativos para garantizar justicia, como la falta de defensores públicos para atender a todos los habitantes de la entidad.
Carencia de defensores
Actualmente, hay 200 defensores en materia penal y 500 órganos jurisdiccionales para atender a cerca de 65 mil actuaciones penales, pero se necesita un defensor en cada sala penal para optimizar el trabajo.
En cuanto a la amnistía, mencionó que el instituto ha logrado 2 mil 45 libertades.
Destacó que ningún estado de la república tiene estas cifras y muchos ni siquiera entran al tema.
El segundo visitador de la Codhem destacó la importancia de dialogar con colectivos y asociaciones civiles para mejorar las áreas en las que este organismo autónomo puede intervenir.
El juez Dávila subrayó que la justicia debe evolucionar para aplicarse con mayor dinamismo.
Por su parte, Estefanía Licea, especialista en justicia y activista de género, abordó el tema del populismo penal, destacando que el 50 por ciento de las personas denuncian haber sido encarceladas por faltas a su proceso.
Activistas como Antonio Lara Duque del Centro Zeferino Ladrillero y Lady Palacios del colectivo «Haz Valer mi Libertad», abogaron por una justicia sin distinción de clase social.
Lara Duque enfatizó la necesidad de fortalecer presupuestalmente las instituciones relacionadas con la operación del sistema de justicia, especialmente el Instituto de la Defensoría Pública.
Concluyó que es fundamental generar consenso sobre la importancia de esta institución, encargada de defender a los sectores más vulnerables.
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