En México, toda muerte violenta de una mujer será investigada como feminicidio desde el primer momento, así lo anunció la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, al presentar la iniciativa de Ley general con la que se busca cambiar la manera en que las autoridades atienden estos casos en el país.
La propuesta plantea homologar el delito de feminicidio en todas las entidades. Actualmente, cada estado tiene criterios distintos para investigarlo, lo que ha generado vacíos legales, errores en la clasificación de los delitos y, en muchos casos, impunidad. Con este cambio, se busca que todas las fiscalías investiguen bajo los mismos lineamientos y que la perspectiva de género sea obligatoria desde el inicio de cada investigación.
«El feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violacion a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado Mexicano», señala la iniciativa
La iniciativa también contempla que se considerará feminicidio cuando una mujer sea privada de la vida por razones de género, las cuales incluyen violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder, así como motivos basados en estereotipos o prejuicios.
Uno de los puntos centrales es que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el primer momento. Conforme avancen las indagatorias, el caso podrá reclasificarse. La intención es evitar que casos que podrían ser feminicidios se investiguen como homicidios desde el inicio, lo que históricamente ha limitado el acceso a la justicia.
Se establecen penas de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes. Además, se impone una multa de mil a dos mil UMAS.
El proyecto puntualiza que no habrá amnistías ni reducciones de pena, y tampoco se permitirán acuerdos o salidas alternas. A esto se suman sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad, la custodia de hijos, derechos sucesorios y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
También se contemplan 21 agravantes que podrían aumentar la pena, entre ellas si la víctima es menor de edad, adulta mayor, embarazada o con discapacidad; si el crimen ocurre frente a sus hijos; si se trata de una periodista o defensora de derechos humanos; o si el agresor es un servidor público. Asimismo, se incluyen casos con extrema violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Otro eje importante es el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y sus familias. La propuesta garantiza acceso a la justicia, atención médica y psicológica inmediata, asesoría legal gratuita, apoyo a menores en situación de orfandad y la entrega digna del cuerpo. Además, establece que las investigaciones no podrán detenerse por cambios de turno y deberán ser realizadas por personal especializado.
La iniciativa, compuesta por 54 artículos, también contempla que, una vez acreditado el feminicidio, se investiguen y aseguren los bienes del agresor para garantizar la reparación del daño. La propuesta será enviada al Senado
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