Los feminicidas y violadores arrebatan la vida y dignidad de mujeres y niñas en el Edomex, pero son las instituciones de justicia las que terminan por destruir la vida de las familias. De esta situación dan cuentan las historias de Lorena Rangel, Eleocadia Matilde y Ana Lilia, víctimas colaterales de los feminicidios y violaciones en el Estado de México.
En la entidad, 780 mujeres fueron asesinadas de enero del 2015 a agosto de 2022. Además, se registraron 2 mil 409 delitos de violación a mujeres en los primeros siete meses de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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¿Se pueden cuantificar las pérdidas luego de un feminicidio en el Estado de México?
Las deficiencias y omisiones en las investigaciones judiciales obligan a las familias de mujeres violentadas a suplir las funciones de las autoridades. Gastan sus ahorros e invierten su patrimonio en diligencias y en recolectar pruebas para acceder a la justicia y buscar que los responsables de los delitos de género sean juzgados ante un tribunal.
Pero en el camino por exigir justicia, las familias también se convierten en víctimas directas de la violencia criminal e institucional. Se vuelven blanco de amenazas y hostigamiento, son obligadas a desplazarse de su lugar de origen.
Lejos de cumplir su función, los mecanismos de protección a víctimas vulneran la calidad de vida de madres, padres, abuelos, hermanos, hijos e hijas de mujeres asesinadas o violadas. Con el objetivo de perseguir a los feminicidas y violadores, la dinámica se invierte y transforma a las familias en fugitivos.
De forma abrupta y en un corto tiempo, las familias de víctimas de violaciones y feminicidios en el Estado de México pierden su casa, sus bienes, trabajos, también la tranquilidad y derechos; incluso la salud tanto física como emocional.
En ocasiones solo les queda el coraje y la ansiedad por acceder a la verdad y justicia para honrar el nombre de sus hijas o nietas.
Por ello, nos preguntamos: ¿se pueden cuantificar las pérdidas luego de un feminicidio en el Estado de México?
Tres madres de niñas asesinadas y violadas compartieron sus experiencias con AD Noticias sobre el detrimento de su vida en familia luego de que sus hijas fueron ultrajadas. En todos los casos coincidieron que ninguna pérdida se compara con la muerte de una hija o con la condición que deja una violación.
«Vendí hasta los zapatos por buscar justicia», madre de Pamela González, víctima de feminicidio
Eleocadia es originaria de Temoaya, Edomex, y de origen otomí. A ella le asesinaron –en su casa– a su hija Maisha Pamela González Matilde de 16 años. El feminicidio ocurrió un día antes del Día de las Madres del 2020.
Por amenazas tuvo que dejar su hogar. Antes ya había vendido los muebles, incluso los zapatos, para costear las investigaciones por el feminicidio de su hija. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México le pedía que llevara por su cuenta a los testigos. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) le otorgó solo 100 pesos de viáticos.
Vivir en ruinas, los estragos después del feminicidio de Fátima Quintana
A la hija de Lorena, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, la asesinaron tres vecinos cuando regresaba de la escuela. El delito ocurrió el 5 de febrero del 2015 en la parte alta de una montaña que pertenece al municipio de Lerma en el Edomex.
Uno de los feminicidas presuntamente tenía vínculos con grupos delincuenciales, por lo que luego de agresiones, la familia de Lorena fue desplazada en dos ocasiones. En la segunda al estado de Nuevo León.
A pesar de estar bajo medidas de protección, su hijo Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez murió en noviembre de 2020. Luego de que en tres hospitales del estado –incluido el hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde el joven estudiaba– le negaran la atención por dolores abdominales. En el Hospital psiquiátrico de la colonia Buenos Aires en Monterrey, le suministraron una dosis mortal de ansiolíticos.
Morir en vida mientras esperan la justicia, historia de la violación de una niña
Originaria del oriente del Edomex, es abuela de una niña de ocho años que fue violada desde que tenía cinco años por su abuelastro y dos de sus primos en Tijuana, Baja California.
Ana Lilia decidió exigir justicia por ver que a su hija de 24 años no la recibían en los ministerios públicos ni en los sistemas DIF. También se hizo cargo del caso para proteger a su hija y nieta de amenazas y agresiones. Se ha presentado desde unidades de atención a víctimas en municipios mexiquenses hasta el palacio de gobierno en Toluca o las oficinas de la presidencia de la República.
Las respuestas que ha obtenido son insatisfactorias, a casi un año de iniciar el proceso legal, su nieta solo ha recibido una terapia psicológica.