Los datos recientes de feminicidios cometidos en el Valle de México indican que usualmente los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas. Tal es el caso de Mauri Jazmín, el imputado era su pareja sentimental. Así como en el doble homicidio de Teresa y su hija Cindy, perpetrado en enero en Cuautitlán, el principal sospechoso es la expareja, quien se trasladó a Acapulco, Guerrero, tras sustraer a una menor de tres años.
Familias de víctimas y abogados señalan que los tiempos de respuesta de las agencias del Ministerio Público en las primeras 48 horas han permitido a los presuntos responsables evadir las penas que se han legislado en contra de los feminicidios.
Falta de acción de las autoridades
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina y la policía municipal de Atizapán de Zaragoza, detuvieron la noche del 12 de marzo de 2026 a Antonio “N”, presunto feminicidio de Mauri Jazmín Rivera Valdés. El arresto se concretó a 362 días del crimen, registrado el 17 de marzo de 2025 en la colonia Lomas de San Miguel.
Investigaciones de las autoridades revelan que el ahora imputado y expareja sentimental de la víctima de 45 años la agredió físicamente al interior de un local comercial donde ella laboraba, provocándole la muerte para luego sustraer sus pertenencias y huir.
Familiares de la víctima denunciaron en varias ocasiones que la falta de acción de las autoridades en las indagatorias permitieron que el sospechoso siguiera viviendo con total inmunidad en el mismo municipio.
Tras la detención efectuada la noche del jueves, Antonio “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos), donde quedó a la espera de que un juez de control determine su situación jurídica.
Protestas inciden en aplicación de justicia
Denuncias de casos recientes de feminicidio dejan al descubierto que la protesta social ha sido el único método que incide para que las autoridades encargadas de aplicar la justicia revisen las carpetas de investigación. Ejemplo de ello es en el caso de la adolescente Kimberly Hillary, cuando sus familiares realizaron cortes de circulación en Periférico Norte para solicitar la revisión de cámaras de videovigilancia.
En Cuautitlán Izcalli, el caso de Fernanda Sánchez requirió ocho años de procesos legales por parte de su familia para que la FGJEM reclasificara la muerte —inicialmente catalogada como suicidio— a feminicidio.
Criterios judiciales en el distrito de Tlalnepantla
En cuanto al Poder Judicial, particularmente en los juzgados adscritos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, se han documentado casos de resoluciones que modifican la tipificación inicial establecida por el Ministerio Público.
Como muestra el reciente caso de Renata Palmer, asesinada a finales de 2025 en el fraccionamiento Loma Antigua, Atizapán. El juez a cargo de la causa determinó reclasificar el delito de feminicidio a homicidio calificado, bajo el argumento legal de que entre la víctima y el imputado, identificado como Rodolfo “N”, existía únicamente una relación vecinal.
Demasiados crímenes para ser atendidos todos el Tlalnepantla
Aunque los municipios de la región están interconectados, la mayoría de los delitos relacionados con la violencia de género son centralizadas en las Fiscalías Especializadas en Feminicidios (FEF), siendo la más cercana a la región la de Tlalnepantla, donde se atienden casos de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan de Juárez.
Esta estructura administrativa concentra las indagatorias de toda la región, lo que se traduce en una alta carga de expedientes que sobrepasan la capacidad operativa del personal.
La resolución tardía como en la aprehensión de Antonio “N” refleja un desalentador patrón de ineficacia para atender los crímenes de género de la región, donde además el avance de los procesos depende en buena medida de la presión ejercida por las familias de las víctimas.
La centralización de las carpetas en la única sede especializada de Tlalnepantla, sumada a los criterios de reclasificación en los juzgados de Barrientos, consolida un embudo institucional que prolonga los tiempos de respuesta y obstaculiza la procuración de justicia expedita en los delitos de violencia de género.
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