En el último año de gobierno del exalcalde de Toluca, Fernando Zamora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 45 millones 343 mil pesos.
Esa administración no pudo comprobar, ni justificar los servicios de dos contratos, uno del 2019 y otro del 2018, relacionados con el aseguramiento de parque vehicular, de bici pública y ciclo estaciones, así como de asesorías legales y fiscales.
De acuerdo con la tercera entrega de la ASF, las observaciones al anterior gobierno de la capital mexiquense, en su último año, incluyeron posibles daños al erario, pero también promociones de responsabilidad administrativa por falta de documentación para acreditar el control interno, y por diferencias en el ejercicio de los recursos asignados para el pago de nóminas financiadas con los recursos de las participaciones federales.
La revisión
Los contratos fueron por 45 millones 343 mil pesos, pero la ASF determinó que carecieron de la documentación comprobatoria y justificativa del servicio.
La ASF, en la auditoría de cumplimiento 869, practicada al municipio de Toluca, da cuenta de que los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de participaciones federales a municipios, en el caso de Toluca, ascendieron a mil 600 millones 450 mil pesos, de los cuales se revisó una muestra de 936 millones 675 mil pesos, es decir, el 58.5%.
Los auditores advirtieron que la capital mexiquense no proporcionó evidencia documental sobre el requerimiento de la evaluación de control interno, por lo cual no se analizó dicho sistema, instrumentado a este municipio como administrador y ejecutor de los recursos de las participaciones.
El pliego de observaciones
En la revisión, la ASF analizó los contratos con números DA/SRM/076/2019, relativo al servicio de aseguramiento de parque vehicular, de bici pública y ciclo estaciones y el DA/SRM/42A/2018 sobre el servicio de asesoría legal y fiscal para la gestión y trámite de recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable.
Los contratos fueron por 45 millones 343 mil pesos, pero la ASF determinó que carecieron de la documentación comprobatoria y justificativa del servicio. No presentaron los entregables de los servicios conforme a lo contratado, por lo cual, presumió un posible daño por ese monto y advirtió que es un pendiente por aclarar del anterior gobierno de Toluca.
Las promociones
Mediante el oficio AEGF/2381/2019, con fecha del 04 de noviembre de 2019, la ASF solicitó a Toluca las evidencias documentales que acreditaran la implementación del sistema de control, pero como no lo hizo, la Auditoría consideró que no dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados para garantizar el cumplimiento de objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia y emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En ella pide que el órgano interno de control de Toluca realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no proporcionaron evidencia documental sobre la requisición de la evaluación de control interno, por lo cual no se pudo analizar.
Al revisar el rubro de servicios personales, advirtió que el municipio recibió un monto de mil 600 millones 450 mil pesos por participaciones federales en 2018, de los cuales, 567. 3 millones los destinó al capítulo de servicios personales, pero la información presentada tuvo diferencias con los reportes generados del ejercicio de los recursos asignados a las nóminas financiadas con ese dinero.b
La Auditoría Superior emitió una segunda promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que la contraloría de Toluca investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, presentaron información que tuvo diferencias con los reportes generados del ejercicio de los recursos asignados para este capítulo del gasto.
Esas diferencias, advirtió, imposibilitaron la verificación de pagos y registros, así como la validación de los sueldos pagados y plazas acreditadas y la validación del personal contratado por honorarios, del que causó baja o contó con licencia sin goce de sueldo.
Otra promoción de responsabilidad fue porque la ASF detectó que, en las adquisiciones, hubo dos directas, mismas donde no se consideraron los montos máximos y mínimos autorizados, además de carecer de los dictámenes de excepción a la licitación pública fundados y motivados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles.