Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por su presunta implicación en un esquema de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que evade impuestos millonarios al Estado.
De acuerdo con información de El Universal, la FGR ha solicitado más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares y empresarios involucrados en esta red. Entre los nombres figura Ruffo, hoy socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada como pieza clave en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila el pasado 7 de julio.
La empresa en el centro de la polémica
Ingemar surgió en 2018 con fines inmobiliarios, pero un año después modificó su objeto social para dedicarse al mercado energético: desde almacenamiento y venta de hidrocarburos hasta contratos con el gobierno. En 2023 obtuvo un permiso federal para importar 500 millones de litros de gasolina y diésel, pese a no contar con infraestructura suficiente.
Las autoridades sostienen que la compañía habría falseado documentos aduaneros para introducir combustible como si fueran otros productos, práctica típica del huachicol fiscal. En estas operaciones, el nombre de Crismón Hidrocarburos aparece como su único cliente y comercializador, autorizado por la extinta Comisión Reguladora de Energía. Ruffo sostiene que fue una decisión del Gobierno federal y que él no tuvo injerencia en ello.
La defensa del exgobernador
Frente a los señalamientos, Ruffo Appel asegura tener la “conciencia tranquila”. En entrevistas recientes afirmó que está dispuesto a colaborar con la justicia y que Ingemar “no tiene responsabilidades en el tráfico de huachicol”. El panista responsabiliza a los comercializadores y operadores en las refinerías y gasolinerías, deslindando a su empresa de la manipulación del combustible.
“Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, declaró el pasado 24 de julio a El Universal.
Una red de corrupción en aduanas y puertos
Las investigaciones no se limitan a Ruffo. De acuerdo con la FGR, altos mandos de la Marina recibieron sobornos millonarios para permitir el ingreso ilegal de cargamentos. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, pagaban a subordinados 1.7 millones de pesos por cada buque que descargara huachicol en los recintos fiscales.
Uno de los beneficiados, el exdirector de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín, admitió haber recibido 24 millones de pesos en sobornos por permitir el desembarque de 14 barcos. Hoy es testigo protegido y ha detallado cómo los recursos eran repartidos de forma discrecional.
La investigación también ha alcanzado a empresarios como Héctor Portales Ávila, de San Luis Potosí, vinculado a políticos locales y a contratos con Pemex.
Un caso con víctimas mortales
La red de huachicol fiscal no solo involucra corrupción y contrabando. En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo tras denunciar irregularidades en el puerto. Un mes antes, Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, había corrido la misma suerte en un crimen con idéntico modus operandi: dos sicarios en moto y cómplices en un automóvil.
La FGR sostiene que ambos homicidios están ligados a la red de los hermanos Farías Laguna, señalados como los principales operadores del esquema. El primero fue detenido el 2 de septiembre y se encuentra en el Penal del Altiplano; el segundo sigue prófugo.
Mientras tanto, el nombre de Ernesto Ruffo Appel, exsenador y símbolo histórico del PAN, aparece ahora entre los empresarios bajo investigación en uno de los mayores escándalos de contrabando de combustibles en México.
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