Para presidencia de la República resulta lamentable que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, no se haya excusado de analizar el decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos estarían destinados a los damnificados de Acapulco, Guerrero, por el huracán Otis.
Lo anterior, lo refiere presidencia en un comunicado, a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente en contra de la reforma propuesta al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual, cita el documento, hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador.
El texto oficial de presidencia establece que el ministro Laynez consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer “inmune” frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.
La propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, concluye el documento, públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero.
Síguenos