La gendarmería anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto es un fracaso político, dice un editorial de la prestigiada publicación británica The Economist, que advierte además que los grupos de autodefensa son un “monstruo peligroso” que puede voltearse violentamente contra quienes los alientan y contra los ciudadanos.
También menciona como un fracaso que el comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, no haya metido control en la región de Tierra Caliente, Michoacán, en “los 15 días prometidos”.
“El señor Peña entró en la oficina con una gran nueva idea sobre la seguridad: establecer rápidamente una gendarmería rural de al menos 40,000 elementos de tropa, entrenados como policías, del excesivamente grande Ejército mexicano.
Al poner estos cuerpos [de seguridad] en el suelo y proteger a los políticos y los jueces, esta fuerza habría sido hecha a la medida para Tierra Caliente. Pero los líderes militares y los gobernadores estatales mataron al plan.
En cambio, una gendarmería mucho menor de 5,000 reclutas civiles se lanzará a finales de este año. Eso parece demasiado poco, demasiado tarde.
A pesar de sus recientes éxitos contra capos de la droga, la derrota política por la gendarmería puede rondar al señor Peña y su administración”.
“El imperio de la ley ha sido durante mucho tiempo un extraño para las tierras bajas sofocantes conocidas como Tierra Caliente en el estado mexicano de Michoacán.
Sitio de las batallas por la tierra en los años 1940 y 1950 , la zona sufrió un éxodo de trabajadores inmigrantes a California.
En la década de 1970 el tráfico de drogas se radicó allí, atraído por la proximidad del puerto de Lázaro Cárdenas y la lejanía del gobierno federal en la Ciudad de México.
No contento con las metanfetaminas, la última mafia en enseñorearse de la Tierra Caliente, llamada caprichosamente Los Caballeros Templarios, estableció un estricto control sobre la sociedad, cooptando autoridades locales, extorsionando por protección y violando a las mujeres”, dice el editorial de The Economist.
Eso fue demasiado para los ganaderos y agricultores de Tierra Caliente, agrega. “Hace un año se rebelaron y formaron grupos de autodefensa.
Estos vigilantes ahora controlan 26 de 113 municipios de Michoacán. Cuando a principios de este año amenazaron con asaltar Apatzingán, una ciudad de 99,000 habitantes, el Presidente Enrique Peña Nieto envió a un funcionario federal, Alfredo Castillo, y un escuadrón de policías federales.
El señor Castillo logró acuerdos con los vigilantes: serían investigados, al menos en teoría, y luego reunidos en un ‘cuerpo de defensa rural’ mal definido bajo la égida del Ejército”.
Los vigilantes han atraído la simpatía de la derecha y la izquierda en México, dice la publicación inglesa, que los ven como legítimas expresiones de desesperación popular ante la violencia de la mafia y el abandono oficial.
“El gobierno parece perplejo. El señor Castillo dijo que iba a restaurar el orden ‘en 15 días’, pero no hay ninguna señal de que tiene una estrategia pensada para tratar ya sea con los vigilantes [autodefensa] o la anarquía que los vio nacer”.
“Eso es alarmante, sobre todo porque el germen de vigilantismo ha aparecido en otras partes de México.
La experiencia en otros países de América Latina sugiere que los cercanos a Peña arriesgan al coquetear con un monstruo.
Colombia es el caso más notorio. En la década de 1980, los terratenientes y ganaderos, frente a los ataques de las guerrillas de izquierda, organizaron grupos de vigilancia.
Estos se multiplicaron rápidamente en las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización nacional de más de 20,000 paramilitares que masacró a decenas de miles de civiles y robó sus tierras, mientras cambiaban sus ropas a las del narcotráfico.
Aunque la mayor parte [del grupo] disuelta, los remanentes han asesinado a más de 60 agricultores para frustrar los esfuerzos para restaurar las tierras robadas a sus legítimos propietarios”, señala The Economist.
La publicación dice que Perú tuvo más éxito con sus grupos de autodefensa. Los pobladores de Cajamarca, en el norte de los Andes del país, “formaron rondines campesinas (una especie de vigilancia de la comunidad) en la década de 1970 para abordar el robo de ganado y la delincuencia rural. Más al sur, cerca de Ayacucho y el valle del Apurímac, en los años 1980 y 1990 el ejército fomentó comités de autodefensa campesinos mal armados.
Estos ayudaron a derrotar a Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta”.
“Aunque Sendero Luminoso se ha desvanecido desde hace mucho tiempo, los vigilantes están más fuertes que nunca.
En el valle del Apurimac se han convertido en las milicias bien armadas de los cultivadores de coca. En Cajamarca, las grupos son ahora dirigidos por maestros rurales de un partido de extrema izquierda, y luchan contra las empresas mineras y son el verdadero poder en la tierra”, dijo Rubén Vargas, consultor de seguridad, a la publicación.
“El elemento común en los tres países es la debilidad de las fuerzas del orden en las zonas rurales. Eso es lo que tienta a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad para aliarse con los vigilantes.
Este hecho puede dar resultados a corto plazo contra la guerrilla o el narcotráfico, pero en el largo plazo empeora las cosas”, señala la influyente revista en su edición web.
“Como señala Mauricio Romero, un politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, una vez que los vigilantes adquieren poder coercitivo, la tentación de utilizar esto para ataques extremos –la venganza privada, el tráfico de drogas u otras actividades delictivas–, es simplemente demasiado grande.
El embrión del monstruo ya está implantado en la Tierra Caliente, dice The Economist. “Las fuerzas de autodefensa resultan tener miembros con pasados ??dudosos y el tipo de rifles de asalto y armamento improvisado –blindados coches– es la marca comercial de narcos.
Ellos se han dividido en facciones enfrentadas, y están imponiendo la expulsión de los alcaldes”.