¿Y ahora qué sigue? Es incomprensible cómo las propias instancias educativas se contradicen y arrastran a la escuela pública al descrédito social, y enlodan la imagen del maestro; sin recato alguno devalúan el trabajo docente –que carece de apoyos para su transformación– al mismo tiempo que reconocen el fracaso de la mal llamada reforma educativa (centrada en las modificaciones a los artículos 3º y 73º constitucionales, con sus leyes secundarias que tanto han dañado al magisterio).
Así lo corrobora “La educación obligatoria en México: informe 2017”, documento presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE) a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el miércoles 19 de abril, y que constituye el catálogo del nulo avance en la materia en este sexenio.
Todo parece indicar que quienes están al frente del INEE y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se han dado cuenta de que están al final de este periodo gubernamental extraviado, que se encuentra más preocupado en la implementación de sus negocios transexenales que en la educación misma.
Parece de mal gusto que la presidenta del INEE, en lo que parece una abierta confrontación con el titular de la SEP, asegure que la equidad del sistema educativo y la calidad del aprendizaje no se logran por la persistencia de los desafíos centrados en “políticas públicas ineficaces y contextos socioeconómicos adversos”.
Si son de su conocimiento las políticas públicas ineficaces –de las que forma parte– y no implementó ningún cambio en los años que lleva este gobierno, está incurriendo a todas luces en omisiones legales en perjuicio de la educación en México.
En qué le es útil –a la escuela pública y al país– el imaginario descontextualizado de la señora Schmelkes, al asegurar: “nos parece muy importante que, hacia al cierre del gobierno que inició la reforma, se pueda tener un balance de lo que ha sucedido”.
Lo anterior no justifica el agravio cometido contra los 150 mil profesores evaluados –y la meta de examinar a un número igual en el presente año–; a este ritmo, no les alcanzará 2018 para cubrir a los 800 mil profesores restantes (lo que por sí mismo representa un mayor error: evaluar para atacar a los docentes en el examen para la permanencia con el uso de policías y colocando en riesgo derechos laborales adquiridos).
A estas alturas, asegurar que la reforma educativa del gobierno debió comenzar con la reestructuración de la formación inicial de docentes –y que para ella es “urgente que se dé a conocer qué es lo que se está pensando hacer en ese sentido”– es otra demostración del fracaso inherente a la propia declaración.
El documento reporta carencias en infraestructura y equipamiento escolar; considera atender hasta 60 alumnos por aula, número estratosférico para los salones de clases, en lo que parece ser una determinación cuantificada proveniente de personajes que nunca han trabajado en un salón.
En relación con dicho número de alumnos por aula, no se puede olvidar la concentración de escuelas (que está en marcha por la SEP) para eliminar las pequeñas y concentrarlas en instituciones más grandes; no importa saturar las aulas: lo que menos interesa a la autoridad es el avance educativo de los alumnos, ni el papel de los maestros (quienes se verán obligados a abandonar la docencia, para centrarse en la tarea de cuidadores de estudiantes).
Se reconoce que tampoco se cumplió con la asignación de un tutor (que pueda ser calificado como idóneo) a los maestros en el examen para el ingreso al servicio profesional docente, a pesar de ser uno de los ejes torales en la mencionada ley.
Desde esta lógica, ¿quién va a sancionar al secretario de Educación Pública? Los elementos de omisiones legales a la ley que rige su actuar están plasmados en el documento del INEE: La educación obligatoria en México: informe 2017, que hace constar el gran fracaso educativo anunciado desde que se impuso el rimbombante pero inútil ataque laboral y administrativo al profesorado del país (que al gobierno le dio en gana llamarlo reforma educativa).
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