Fernando Tonatiuh Mendoza García, representante legal de la Asociación de Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo en el municipio de Calimaya, denunció que, desde el inicio de la actual administración municipal, han sido presionados por autoridades para permitir la operación de empresas vinculadas con exfuncionarios dentro de sus conjuntos habitacionales; de lo contrario, los amenazan con retirarles el control de la administración.
El abogado señaló a AD Noticias que, desde enero de 2025, cuando entró en funciones el gobierno encabezado por Omar Sánchez Vázquez, han sido vulnerados en repetidas ocasiones por negarse a aceptar dichas presiones.
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Narró que a inicios de ese mes el presidente de la Asociación de Colonos fue citado en Palacio Municipal, donde sostuvo una reunión con Bernardo Izquierdo Luna, entonces director de Desarrollo Urbano, quien presuntamente le solicitó retirar a los proveedores del conjunto urbano para contratar empresas vinculadas con él y con su padre para los servicios de jardinería y seguridad. El Consejo Directivo y la asociación rechazaron la propuesta.
“A partir de ese momento hemos sido acosados institucionalmente por la administración municipal a través de diversas dependencias, direcciones, directores e incluso policías. Todo el aparato del municipio se ha opuesto a la comunidad de Villas del Campo”, acusó.
Mendoza García señaló que hasta el momento han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para frenar el acoso, aunque hasta ahora no han tenido resultados.
Primera carpeta
El 14 de marzo de 2025, la secretaria del Ayuntamiento y el entonces director de Desarrollo Urbano volvieron a citarlos en Palacio Municipal, donde les informaron que, al negarse a contratar a las empresas propuestas, el Gobierno Municipal impulsaría la creación de otra asociación que sí aceptara.
Según el denunciante, también señalaron que convocarían elecciones, contarían los votos y decidirían quién administraría el fraccionamiento, pese a que ellos están constituidos legalmente desde 2009 por la empresa Geo, desarrolladora del fraccionamiento.
“Les comentamos que no tienen atribuciones para convocar elecciones y que procederíamos legalmente ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por abuso de autoridad. Además, el exdirector de Desarrollo Urbano vive en Villas del Campo, por lo que existía incluso un conflicto de interés”, señaló.
Por estos hechos se abrió carpeta de investigación CCF/SPO/01/MPl/008/00438/25/06, sin embargo, en diciembre el agente del Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y archivó el caso.
Ante ello, los abogados de Villas del Campo solicitaron una audiencia para impugnar la decisión, que se llevó a cabo ante un juez de control penal en Tenango del Valle, jurisdicción a la que pertenece Calimaya y quien determinó continuar con la investigación.
Carpeta 2
Derivado de este conflicto, el 13 de septiembre de 2025 una persona que vive en el fraccionamiento, pero que no es propietaria, acudió a la oficina de la administración y, tras realizar una supuesta llamada con el presidente municipal, solicitó el apoyo de la policía para cerrar las instalaciones.
De acuerdo con el representante legal, elementos de la policía municipal desalojaron a los administradores del inmueble.
“Creemos que este fue un ataque directo por parte de la administración municipal para comenzar a presionarnos por todos los lados posibles. Nos sentimos acosados de todas las maneras”, afirmó.
Por estos hechos se inició la carpeta de investigación: UDD/UDD/00/MPI/204/00782/25/09 ante la Fiscalía Especializada en Despojos.
Posteriormente, la Fiscalía realizó un operativo para recuperar el inmueble, ubicado dentro del fraccionamiento en su plaza comercial.
“La carpeta se encuentra actualmente en integración y estamos a la espera de que sea judicializada, para que el Poder Judicial del Estado de México determine si las personas que nos despojaron pueden ser vinculadas a proceso”, explicó Mendoza García.
Tercera carpeta
Después de este episodio, la misma persona que promovió el despojo intentó organizar una elección para designar una nueva administración.
El 14 de octubre de 2025, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento acudió al fraccionamiento y solicitó acceso para “tomar medidas” de algunos postes en áreas comunes.
Sin embargo, durante la madrugada, policías municipales y personal de esa misma dirección ingresaron nuevamente para colocar más de 60 lonas en todo el fraccionamiento promoviendo la supuesta elección.
“El hecho de colocar publicidad en mobiliario urbano constituye una falta administrativa sancionada en el Bando Municipal y en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México”, señaló el representante legal.
Este hecho quedó registrado en la carpeta de investigación: CCF/SPO/00/MPl/008/01002/25/11
Cuarta carpeta
Pero debido a que se realizó el retiro una de las lonas, la misma persona que promovió el despojo solicitó nuevamente apoyo policial, por lo que fueron trasladados al juzgado cívico, donde se realizó una audiencia oral.
De acuerdo con el denunciante, el juez se declaró incompetente para conocer del caso y solicitó entregar la lona a la persona que la reclamaba.
“Le referimos que eso constituía un abuso de autoridad. La falta de competencia debió analizarse al inicio de la audiencia, no después de dos horas de escuchar pruebas y argumentos. Además, condicionó nuestra libertad a la entrega de la lona”, relató.
Agregó que durante ese proceso fueron retenidos por policías municipales, quienes incluso les impidieron retirarse.
Por estos hechos se presentó una denuncia por privación de la libertad y abuso de autoridad contra el juez cívico y los policías involucrados, bajo la carpeta CCF/SPO/01/MPl/008/01004/25/11
“Creemos que la última actuación del presidente municipal es una represalia”, sostuvo.
Situación actual
El 23 de febrero de este año, la Asociación de Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo, que actualmente representa a más de tres mil familias, recibió un oficio firmado por el presidente municipal en el que se les otorgaba un plazo de 48 horas para entregar las áreas que administran, entre ellas el pórtico de acceso, casetas de vigilancia, oficinas y áreas verdes.
“Villas del Campo cuenta con más de 15 hectáreas de áreas verdes, cuyo mantenimiento se realiza con recursos de los propios vecinos”, explicó Mendoza.
Ante esta situación, el representante legal hizo un llamado al fiscal general de justicia del Estado de México y a la gobernadora de la entidad para que intervengan en el conflicto.
Indicó que no existe precedente en el Estado de México de que un Ayuntamiento intervenga de esta manera en la administración de un fraccionamiento que, además, se encuentra en condiciones adecuadas.
“La comunidad se siente extorsionada. Está profundamente dolida y tiene miedo. Si se obliga a entregar el pórtico de acceso, el fraccionamiento quedaría abierto al público. Ante el aumento de la violencia en el país, los vecinos sienten incertidumbre, porque la seguridad que el municipio no ha podido garantizar la han construido ellos mismos”, afirmó.
Otros fraccionamientos
Mendoza García acusó que Villas del Campo no es el único fraccionamiento afectado.
Señaló que Bosques de las Fuentes habría enfrentado una situación similar, aunque en ese caso la administración del fraccionamiento documentó públicamente lo ocurrido.
En Valle de las Fuentes, afirmó, sí se habría impuesto una nueva administración encabezada por una persona cercana al exdirector de Desarrollo Urbano, y actualmente las empresas que antes se buscaba imponer ya prestan servicios en ese conjunto habitacional.
“Hay varios fraccionamientos que están siendo acosados en el municipio. Hacemos un llamado a que más comunidades denuncien lo que están viviendo. No vamos a permitir que continúe el acoso institucional. Nos vamos a defender”, concluyó.
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