Toluca, México; 20 de abril de 2018. La Cámara de Diputados aprobó el 19 de abril por unanimidad retirar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el del presidente de la república, en una decisión histórica en la política y el parlamento mexicanos. Esta promoción será enviada directamente al Congreso de la Unión para su revisión y consecuente aprobación o rechazo en un plazo máximo que se extiende hasta el 30 de abril.
Esta aprobación, con 370 votos a favor, avala reformas que podrán llevar a juicio político incluso al Ejecutivo nacional, que anteriormente, y desde el decreto de la Constitución de 1917, sólo podía ser acusado de Traición a la Patria y delitos del fuero común. También fue eliminado el proceso de desafuero, correspondiente a la Cámara de Diputados, que consistía en una declaratoria previa que en el pasado dictaminaba si era procedente o no un proceso penal contra un legislador o un servidor público.
Aunque la remoción del fuero constitucional se presume producto de una iniciativa que ha sido presentada anteriormente por distintos legisladores en las cámaras años atrás y por la exigencia de la población, las probabilidades de que ésta sea aprobada son bajas y sospechosas las razones.
La explotación
Por definición, el Fuero Constitucional se delimita como el derecho del que gozaban los altos funcionarios de la Federación para que, previo a un juicio político por motivos de delito ordinario, la Cámara Baja del parlamento mexicano resolviera la procedencia de una orden penal, procedimiento que en 1982 fue denominado “Declaración de procedencia”.
En la categoría de “Altos funcionarios” se enlistan al presidente de la república, a los ministros de la Suprema Corte, a los senadores, a los diputados tanto federales como locales y a los gobernadores de los estados, inmunidad que, en principio, era otorgada para defender la libre expresión de los representantes en el pleno de sus funciones, quienes tenían el derecho de disentir de los paradigmas gubernamentales. Esta medida buscaba procurar un equilibro entre los poderes de una estructura de gobierno democrático.
En México, el fuero constitucional pasó de ser un utensilio estricto del aparato gubernamental a una herramienta de fácil explotación que permitía a los funcionarios públicos cometer delitos e ilegalidades sin que éstos repercutieran durante sus mandatos ni después de entregar administraciones. Para 2015, ningún ex gobernador acusado de corrupción, tráfico de influencias, uso de bienes para beneficio personal, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico o enriquecimiento ilícito fue procesado por alguno de estos señalamientos, pues estaban amparados por la inmunidad que ofrecía el fuero constitucional.
Caso es el de Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, quien fue denunciado por uso indebido de funciones y estaba oficialmente vinculado a proceso por el delito cuando se descubrieron presuntas irregularidades en los incentivos que otorgó a la empresa armadora de KIA Motors por más de 3 mil millones de pesos, además de permitir exenciones de impuestos por encima de los montos establecidos en la ley. Medina fue exonerado de los cargos el 1 de marzo de este año.
Caso es, también, el de Guillermo Padrés Elías en Sonora, acusado por defraudación fiscal y el lavado de dinero de 8.8 millones de dólares. Padrés fue detenido el 10 de noviembre de 2016 luego de comparecer voluntariamente ante el Centro de Justicia Penal federal, cuya sede se ubica en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El ex gobernador de Sonora fue absuelto de los cargos el 9 de febrero de este año.
Así, casos como los de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, Rubén Moreira, Egidio Torre Cantú, Jorge Herrera Caldera, Miguel Alonso Reyes, Carlos Lozano de la Torre, Fernando Toranzo Fernández, Roberto Sandoval Castañeda, Aristóteles Sandoval Díaz, José Calzada Rovirosa, Francisco Olvera Ruiz, Javier Duarte de Ochoa, Mario Anguiano Moreno, Fausto Vallejo Figueroa, Eruviel Ávila Villegas, Mariano Gonzáles Zarur, Héctor Astudillo Flores, Andrés Granier Melo, Fernando Eutimio Ortega Bernés, Rolando Zapata Bello y Roberto Borge Angulo, quienes en conjunto han sido señalados por “desaparecer” 258 mil 829 millones de pesos y algunos de ellos han recurrido al fuero constitucional, podrían ser procesados de ser aprobada en plenitud la reforma de ley.
El presente
La posibilidad de que se retire el fuero es improbable, pues los antecedentes no son los mejores considerando que el 5 de marzo de 2013 se aprobaron algunas modificaciones a la Constitución que abordaban las minucias de la inmunidad de los servidores públicos; adendas de un proyecto que en 2015 cumplía siete años paralizado en la Cámara Alta.
A pesar de que el recurso legal del fuero ha sido identificado como uno de los topes que más obstaculizan el combate al crimen organizado, acortarlo o sencillamente retirarlo ha sido una propuesta a la que se la han dado vueltas y revueltas, por lo que es imposible asegurar que esta ocasión encuentre luz fuera de la Cámara de Senadores.
Cabe señalar que la actual propuesta ha sido adjudicada al candidato a la presidencia por la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, y a la bancada del PRI que puebla los escaños de la Cámara Baja, de los que se sospecha la han ejecutado más bien para limpiar la imagen del presidenciable antes que por la genuina intención de incorporar la ley a la Constitución.
Meade Kuribreña se encuentra en los niveles más bajos de intención electoral desde su destape, por lo que levantar su imagen es una prioridad en el partido y, aunque el senado repita lo que sucedió siete años antes de 2013, dejar al candidato como un hombre limpio que busca concretar sus intenciones de combate rotundo a la corrupción sólo significa un pequeño impulso para conseguirlo.