Funcionarios del Ayuntamiento de Metepec entregaron a AD Noticias una denuncia en la que acusan a Víctor Manuel Legorreta Vargas, coordinador de asuntos políticos de la presidencia municipal, de instruir su participación en una movilización organizada por el PAN el 18 de octubre en la Ciudad de México.
De acuerdo con la denuncia, el llamado se presentó como una actividad oficial del alcalde Fernando Flores, sin precisar que se trataba de un acto partidista. Los denunciantes sostienen que la indicación fue dirigida a directores, regidores y a la síndica Alva Ibarra Torres, quien habría coordinado parte del traslado del personal.
Los servidores públicos señalaron que algunos asistentes fueron convocados bajo el entendido de que acudirían a un evento institucional. En la denuncia se hace referencia a que la funcionaria mencionada mantiene una relación de colaboración cercana con el presidente municipal.
La marcha del PAN
El 18 de octubre, el Partido Acción Nacional realizó una movilización en Paseo de la Reforma, encabezada por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera. Durante el acto, el PAN presentó su nuevo logotipo e hizo un llamado a «retomar las calles» y poner fin a su alianza con el PRI.
Simpatizantes y militantes marcharon hacia el Ángel de la Independencia, en lo que el partido calificó como el inicio de una nueva etapa de “renovación interna”.
Aunque el alcalde de Metepec, Fernando Flores, no es el único funcionario que recurre a estas prácticas. Un video muestra que personal de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también obligó a trabajadores a asistir a su primer informe de gobierno. En la grabación, una trabajadora afirma que debían presentarse “a fuerzas”, bajo la amenaza de no dejarlos trabajar si se negaban. Así mismo, les regalaron paraguas y playeras con el logo del PAN.
Lo que dice la ley
La legislación mexicana establece que la participación en actividades partidistas es estrictamente voluntaria. El artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos reconoce el derecho de los ciudadanos a afiliarse «libre e individualmente» a un partido político y prohíbe toda forma de afiliación corporativa o condicionada.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona con penas de dos a nueve años de prisión y multas de doscientos a cuatrocientos días a los servidores públicos que coaccionen o amenacen a sus subordinados para participar en eventos de carácter proselitista.
La denuncia recibida por AD Noticias atribuye a la administración de Fernando Flores la organización de la asistencia a dicho evento. Si las acusaciones derivan en una investigación formal, corresponderá a las autoridades electorales determinar la posible existencia de responsabilidades administrativas o penales.
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