La inconformidad social no es reciente. Desde 2023 se documentan protestas por la instalación de estaciones de gas LP en zonas habitacionales, seguidas de movilizaciones en 2024 y bloqueos en marzo de 2026 sobre la carretera federal México-Puebla, particularmente en Santa Bárbara y Santa Cruz Tlapacoya. En estos eventos, vecinos exigieron la cancelación de gaseras señaladas como irregulares, algunas incluso cercanas a viviendas y centros educativos.
A pesar de esta presión sostenida, la instalación de nuevos puntos de suministro no se ha detenido.
Evidencia territorial: una red en expansión
Un recuento realizado por AD Noticias identificó al menos una decena de puntos de suministro de gas LP a lo largo de la carretera federal México-Puebla, en el tramo correspondiente a Ixtapaluca, donde se concentran varias de las denuncias.
A ello se suma una nueva instalación en proceso de construcción, ubicada en el kilómetro 29 en Hornos de Santa Bárbara, así como otra en el kilómetro 27.5 en Santa Cruz Tlapacoya, ambas señaladas en un documento dirigido al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México el 25 de febrero de 2026, donde se solicita revisar su legalidad.
El vacío clave: permisos, clausuras y opacidad
Pese a que la normatividad estatal permite la clausura temporal o definitiva de establecimientos que representen riesgo o incumplan requisitos, no existe información pública clara sobre:
- cuántas gaseras han sido clausuradas
- cuántas continúan operando tras sanciones
- qué permisos fueron otorgados y por qué autoridad
Vecinos han señalado que algunas instalaciones siguen operando incluso después de clausuras, lo que apunta a posibles fallas en la ejecución de sanciones o en la supervisión institucional.
¿Quién regula? Una cadena difusa de responsabilidades
La instalación de gaseras implica al menos tres niveles de control:
- Federal: permisos para distribución y expendio de gas LP
- Estatal: dictámenes de protección civil y evaluación de riesgo
- Municipal: uso de suelo y licencias de funcionamiento
En teoría, cualquier instalación debe cumplir con normas técnicas de seguridad, ubicación y operación. En la práctica, la persistencia del problema sugiere una fragmentación de responsabilidades que diluye la rendición de cuentas.
Un mercado millonario detrás del conflicto
El contexto económico ayuda a explicar la presión sobre el territorio. En México, alrededor del 79% de los hogares utiliza gas LP como principal combustible doméstico.
En Ixtapaluca, con cerca de 146 mil viviendas, el consumo promedio estimado de 22.7 kg mensuales por hogar implica:
- 3.3 millones de kg de gas LP al mes
- un mercado aproximado de 62 millones de pesos mensuales
- más de 740 millones de pesos al año
Se trata de un mercado cautivo, de alta rotación y flujo constante, lo que convierte la expansión de puntos de suministro en un negocio de gran escala.
Riesgo latente y precedentes cercanos
El tema ha cobrado mayor relevancia tras incidentes recientes en municipios cercanos como Chalco, donde explosiones vinculadas a gas LP han reactivado alertas sobre los riesgos de este tipo de instalaciones en zonas habitacionales.
En Ixtapaluca, los señalamientos se centran en la cercanía de gaseras a viviendas y escuelas, lo que cuestiona el cumplimiento de criterios básicos de seguridad establecidos en normativas de protección civil.
Sin respuesta institucional
Vecinos denunciantes solicitaron información al Ayuntamiento de Ixtapaluca y a autoridades estatales sobre permisos, clausuras y criterios de regulación aplicados.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Síguenos