En los dos últimos años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se gastaron 21,500 millones de pesos en la partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, según información publicada en diario El País.
Esta partida, menciona la información, “ampara ´programas, investigaciones y actividades´ en materia de ´seguridad pública y nacional´ cuya realización implica ´riesgo, urgencia o confidencialidad´”, no obstante se señala que dependencias con acceso a estos recursos –es el caso de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales– lo habrían utilizado para asuntos distintos que no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.
La publicación de El País menciona la versión que Vidal Llerenas, exsecretario por Morena de la comisión de presupuestos de la Cámara, quien señala que aunque pidió información al gobierno sobre su uso no la obtuvo; por su parte, Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, argumentó que el uso de esta partida respondía a un mecanismo –puesto en marcha por Calderón– para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo, con Peña.
“Es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”
El gasto, de 2013 a 2018, lo concentraron en primer lugar la Secretaría de Gobernación, que –dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete en el último año–, es decir las pependencias de la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y el órgano de Prevención y Readaptación Social; luego, la segunda dependencia que más gastó fue la PGR y después la Secretaría de Marina.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó cuatro contratos, un convenio y varios cheques, dice El País, por 2,031 millones de pesos, concluyó que de éstos, 1,532 millones de pesos no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.
Entre las irregularidades se encuentran acuerdos pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días, aun cuando la matriz de la Policía Federal dispone de un órgano para este tipo de servicios., además no encontraron pruebas de que el servicio se había prestado; asimismo, se identificó un posible esquema de desvío de recursos: la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que requería la Policía Federal.
No obstante, se descubrió que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.
Los auditores, continua la investigación del país, probaron “que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20”, también se menciona que la Secretaría de la Función Pública ha señalado que existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.
Hay, asimismo, casos de dinero perdido; en 2014, Prevención y Readaptación Social pagó algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato por manuales que no existían, un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos, señala El País.
Para concluir se explica que Auditoría Superior de la Federación espera “que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República”.
Lee aquí el reportaje completo de El País.