En los últimos días, las calles de la Ciudad de México (CDMX) han sido escenario de movilizaciones contra la gentrificación. Jóvenes y activistas han señalado a los “nómadas digitales” —principalmente estadounidenses— como responsables del alza en las rentas y la expulsión de comunidades enteras de colonias tradicionales como la Roma o la Juárez. Pero en el vecino Estado de México, la crisis de vivienda no tiene rostro extranjero: se llama desigualdad, planeación fallida y abandono institucional.
El 61% de los mexiquenses no cuenta con una vivienda digna. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de 8 millones de personas en el Estado de México viven sin acceso a servicios básicos, con hacinamiento o materiales precarios. En zonas como Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Tultitlán o Valle de Chalco, proliferan los asentamientos irregulares, donde lo común es carecer de drenaje, transporte adecuado o escrituras.
A esto se suma otro fenómeno: más de 2 millones de mexiquenses trabajan todos los días en la capital del país, enfrentando traslados de hasta tres horas en un sentido. Viven lejos porque no pueden pagar una renta dentro de la CDMX ni adquirir una vivienda cerca de sus centros de trabajo. El sistema los obliga a hipotecar su tiempo, su salud y su tranquilidad.
Durante décadas, la política habitacional en México apostó por la construcción masiva en la periferia, sin garantizar calidad ni conexión urbana. El resultado: más de 650 mil viviendas abandonadas en Edomex —según cifras del Infonavit— y zonas como Huehuetoca o Tecámac que parecen ciudades dormitorio sin alma ni infraestructura.
Además, el suelo urbano se ha encarecido. En municipios como Naucalpan, Metepec o Toluca, los precios del metro cuadrado han subido hasta 150% en los últimos 10 años, impulsados por la especulación inmobiliaria y la falta de regulación efectiva. La política de vivienda social, mientras tanto, se ha quedado corta: el Infonavit otorga créditos cuyo monto no alcanza para comprar una casa digna en zonas bien ubicadas.
¿Qué hacen los países con mejor acceso a vivienda?
En lugar de criminalizar a los extranjeros o prohibir los Airbnb, varios países han apostado por modelos sólidos que garantizan vivienda digna para todos. Ejemplos:
– Austria: en Viena, el 60% de la población vive en vivienda pública o social. El gobierno controla el precio del suelo y construye directamente vivienda de alta calidad, con reglas claras: quien gana más, paga más renta. No hay guetos ni estigmas.
– Singapur: más del 80% de su población vive en departamentos públicos. El Estado subsidia la compra, pero también regula la reventa para evitar especulación. El sistema combina propiedad privada con control estatal inteligente.
– Países Bajos: existen cooperativas de vivienda sin fines de lucro que ofrecen rentas asequibles a largo plazo, con apoyo estatal.
– Francia y Alemania: fomentan los arrendamientos a largo plazo con controles de renta en ciudades clave. Además, promueven la mezcla social y el diseño urbano inclusivo.
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Lo que podría hacer el Edomex
El Estado de México necesita una nueva política habitacional con al menos cinco prioridades urgentes:
1. Reorientar el gasto público hacia vivienda bien ubicada, con acceso a servicios, transporte y empleo.
2. Recuperar viviendas abandonadas y reactivarlas mediante créditos blandos, cooperativas o proyectos públicos-privados con fines sociales.
3. Regular el precio del suelo y el mercado de rentas, especialmente en zonas cercanas a nodos de movilidad como el Tren Interurbano o Mexibús.
4. Promover vivienda en renta social, con incentivos fiscales a arrendadores responsables y participación del Estado como actor directo.
5. Impedir la privatización total del suelo urbano: el Estado debe recuperar su rol como garante del derecho a la ciudad.
La vivienda digna no puede ser un privilegio. Tampoco una promesa electoral más. Mientras las élites construyen fraccionamientos cerrados o impulsan megaproyectos para especular, millones de mexiquenses sobreviven sin agua, sin papeles y sin esperanza.
Protestar contra los «gringos» puede ser un desahogo. Pero el verdadero enemigo no viene de fuera: está en la falta de política pública que priorice el bienestar colectivo sobre el negocio de unos cuantos.
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