La Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en una propiedad de la transnacional Vulcan Materials Company, empresa minera Calica, en Quintana Roo.
“Debido a acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de nuestro país y del deterioro del medio ambiente, en días pasados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo” así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado de prensa.
De acuerdo a la información registrada por la Profepa, se advirtió de la existencia de daños y deterioros graves en los ecosistemas, por lo cual y con base en la legislación ambiental, se determinó la clausura temporal total de las actividades y obras realizadas en el sitio.
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La explotación del petróleo debajo de los mantos acuíferos ha generado graves daños en el ecosistema, entre los cuales se destacan la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.
Cabe mencionar, que la firma estadounidense ya había sido acreedora de sanciones administrativas por explotación de roca caliza por encima del porcentaje establecido por la Profepa. Dicha firma calificó como «arbitraria» la clausura de las instalaciones, argumentando que fue una acción ilegal.
Finalmente, la Sermanat informó que con apego a la política ambiental del Gobierno mexicano, las instituciones miembros del sector ambiental seguirán trabajando para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución, y velando por el interés general y el bien común, por encima de intereses particulares que ponen en riesgo la riqueza natural, y sin consultar ni pensar en las comunidades.