Un ruido metálico, incesante, surgía de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en El Oro, Estado de México. Los vecinos, inquietos, lo reportaban como una molestia cotidiana. Pero un par de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro sospechaban de su origen: servidores funcionando día y noche para minar criptomonedas.
En un video grabado y publicado a finales de abril de 2025 se escucha el zumbido constante que, según los testigos, es característico de una granja de minería. La escena recordó casos previos, como el de Necaxa, donde ya se habían denunciado operaciones similares.
La subestación que nunca se apagaba
La instalación ubicada en la zona de “El Atorón”, en la colonia Francisco I. Madero, fue entregada al SME por el gobierno de Enrique Peña Nieto tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Desde hace meses, según testigos, emitía un zumbido constante. En el video grabado a las 5 de la mañana, un extrabajador compara el sonido con el de Necaxa, Puebla, donde otra granja fue intervenida por Marina, Guardia Nacional y CFE tras comprobarse el robo de energía. “Aquí es una cosa similar”, dijo.
¿Qué es una granja de minería y por qué importa?
Una granja de minería de criptomonedas es un conjunto de servidores que compiten, a través de cálculos matemáticos, por validar bloques de transacciones y obtener recompensas en criptomonedas. Esta operación, conocida como “proof of work”, requiere enormes cantidades de electricidad y refrigeración constante.
Según la Universidad de Cambridge, el consumo energético global de Bitcoin equivale al de países como Argentina o Emiratos Árabes Unidos. Una sola criptomoneda puede demandar hasta 450 mil kilowatts, cuyo costo a tarifa doméstica ronda el millón 800 mil pesos. Si la energía se obtiene ilegalmente, las ganancias se multiplican a costa de la red eléctrica nacional.
¿Quién estaba detrás?
De acuerdo con una publicación del 5 de junio de Proceso, extrabajadores del SME presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y otros integrantes de la cúpula sindical por delitos como robo de energía, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También entregaron evidencia a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Instituto Nacional de Administración de Bienes Nacionales, denunciando el uso lucrativo de instalaciones públicas entregadas al sindicato.
“¿Cuántas monedas minaron? No lo sabemos. Pero tenían más de un año haciéndolo”, dijo Mario Benítez, exmilitante del SME, refiriéndose a la granja de Necaxa. “¿A quién le lavaron dinero? ¿A quién le evadieron impuestos? ¿Quién se quedó con esos millones?”, preguntó.
No es secreto que algunos grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa usan el negocio de las criptomonedas para lavar dinero. Sin embargo, hasta ahora, no hay ningún responsable.
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Vigilancia, blindaje y simulación
Los sitios señalados como granjas están fuertemente resguardados: personal armado, perros de seguridad, acceso restringido. “Como si fueran narcos, vigilando el negocio”, dijo Benítez. Las operaciones no eran visibles, pero sí audibles. ¿Era posible que nadie se diera cuenta? No sin complicidades institucionales. La subestación de El Oro supuestamente operaba de forma permanente, consumiendo energía a gran escala en una localidad de apenas 37 mil habitantes.
La política detrás de los watts
Martín Esparza, actual secretario general del SME, fue reelecto el 2 de julio con el 96 % de los votos válidos. Lleva más de 20 años al frente del sindicato y controla el Comité Central como planilla única. Desde la desaparición de Luz y Fuerza en 2009, el SME ha administrado decenas de bienes inmuebles —subestaciones, plantas, terrenos— que deberían estar al servicio de los más de 40 mil electricistas despedidos, pero que han sido usados para alianzas empresariales, como Generadora Fénix, y presuntamente también para negocios paralelos como la minería de criptomonedas, según ha señalado Mario Benítez.
El Oro, el lugar y el silencio
El municipio de El Oro, a 96 kilómetros de Toluca, fue alguna vez una potencia minera. Hoy vive del turismo, la agricultura y el recuerdo. Convertido en Pueblo Mágico, combina arquitectura europea, historia revolucionaria y abandono institucional. Su gobierno actual es de Morena, pero por años fue bastión priista. Nadie —ni autoridades municipales, ni estatales, ni federales— ha ofrecido explicaciones sobre la operación clandestina en “El Atorón”. La Comisión Federal de Electricidad no ha emitido informe alguno.
Un modelo de saqueo con licencia sindical
El caso de El Oro no es aislado. Existen denuncias de granjas similares en Nuevo Necaxa (Puebla), San Simonito (Edomex), Juandhó (Hidalgo) y Villa Coapa (CDMX). Todas en inmuebles entregados por el gobierno federal al SME, todas vinculadas a la actual dirigencia. La lógica es clara: usar bienes públicos, robar energía, minar criptomonedas, ocultar ingresos, blindar el poder sindical. Un modelo de saqueo con investigaciones poco claras por parte de las autoridades.
La minería no es solo digital: también es política. Mientras el discurso oficial celebra avances tecnológicos y transición energética, en el subsuelo del Estado de México se gesta otro tipo de minería: una que extrae bitcoins en silencio, a plena luz, y con señalamiento de un respaldo de estructuras sindicales cuestionables.
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