Por Mario García Mendieta
Cada semestre, la UAEMéx cobra entre 2 mil 500 y 5 mil pesos a su alumnado. Si se considera un promedio general de 3 mil 500 pesos y una matrícula de aproximadamente 95 mil estudiantes, los ingresos por concepto de cuotas ascienden a alrededor de 332 millones de pesos por semestre, es decir, 665 millones de pesos al año.
Este ingreso, aunque representa una fracción del presupuesto total universitario, sostiene parte de la operación básica de la institución. Sirve, por ejemplo, para mantener servicios administrativos, infraestructura, equipo de cómputo, prácticas profesionales o clínicas universitarias. En términos contables, eliminar las cuotas implicaría cubrir ese vacío financiero con recursos públicos.
En entrevista para AD Noticias, Victorino Barrios, excontralor de la UAEMéx, informó que la universidad recibe alrededor de 920 millones de pesos al año por concepto de cuotas, exámenes de ingreso y otros ingresos durante cada semestre. También se incluyen ingresos provenientes de cafeterías, estacionamientos y otros servicios universitarios.
Seguir leyendo en: Discrecional manejo de dinero en efectivo en la UAEMex: Contralor
Primeros pasos hacia la gratuidad de la educación superior
En febrero de este año, la UAEMéx anunció el inicio de un proceso paulatino para eliminar el cobro de colegiaturas. Como primer paso, aplicó una reducción del 10 % en los costos, tras el aumento presupuestal otorgado por el Congreso estatal para el presente ejercicio fiscal. Según declaró entonces el exrector Carlos Eduardo Barrera Díaz, de acuerdo con información de Marcaje Legislativo, se prevé que en un plazo de aproximadamente diez años la educación superior en la institución sea completamente gratuita.
No obstante, advirtió que dicho objetivo solo podrá cumplirse si las administraciones siguientes mantienen o aceleran la implementación de esta política, con respaldo tanto del Gobierno federal como del estatal.
Un mandato legal
Desde abril de 2021, la Ley General de Educación Superior establece la eliminación progresiva de los cobros por inscripción, reinscripción y cuotas ordinarias en los programas de licenciatura y posgrado. Esta disposición responde al mandato del artículo tercero de la Constitución, reformado en 2019, que estipula que la educación superior debe ser gratuita y obligatoria.
En el ámbito local, la Ley de Educación del Estado de México señala que las autoridades educativas estatales deben coordinarse con la federación para garantizar la gratuidad de manera gradual. El proceso debe comenzar con el nivel de licenciatura y extenderse paulatinamente a los demás niveles educativos.
¿Quién tendría que pagar la diferencia?
En un modelo de gratuidad total, el único actor con capacidad real de compensar la pérdida de ingresos sería el Gobierno del Estado de México. Para lograrlo, tendría que aumentar el presupuesto ordinario asignado a la UAEMéx en al menos 665 millones de pesos. Pero hay un obstáculo mayúsculo: el presupuesto 2025 ya fue aprobado por el Congreso local.
De acuerdo con lo votado por la Legislatura, la UAEMéx recibirá este año aproximadamente 2,822 millones de pesos del presupuesto estatal, una cifra que incluye un ligero aumento respecto a 2024, pero que está muy lejos de permitir una expansión financiera de casi 25 %.
Además, el presupuesto estatal ya está etiquetado. Cualquier modificación requeriría una reasignación extraordinaria, una medida que no solo es políticamente improbable, sino legalmente limitada por las reglas fiscales del Estado.
El margen está cerrado
La Secretaría de Finanzas del Edomex no tiene espacio legal para aumentar el presupuesto aprobado sin autorización del Congreso. Y en el Congreso, hoy por hoy, no existe ninguna propuesta seria para reformar el paquete económico vigente. Lo que se aprobó en diciembre de 2024 es lo que regirá a lo largo de todo 2025.
Aun si existiera voluntad política, las restricciones del techo de endeudamiento, los compromisos ya adquiridos y la crisis financiera por la que atraviesan muchos estados tras la pandemia hacen que un aumento de tal magnitud sea técnicamente inviable.
Una exigencia legítima, un escenario imposible
La demanda de gratuidad no es nueva. Está respaldada por la Ley General de Educación Superior, que establece la eliminación progresiva del cobro de colegiaturas. Pero esa progresividad no es inmediata ni automática: implica años de planeación financiera, acuerdos interestatales y voluntad presupuestaria sostenida. Nada de eso existe hoy en el Estado de México.
En su lugar, lo que ha propuesto la universidad es una reducción progresiva de cuotas —del 10 %, según informó el rectorado—. Es una señal, pero está lejos de responder a las dimensiones del reclamo estudiantil.
¿Y entonces?
Si el Estado no puede cubrir el hueco presupuestal, ¿puede hacerlo la propia universidad? Las finanzas de la UAEMéx no permiten grandes maniobras. El grueso de sus ingresos proviene de fondos federales y estatales. Y sus ingresos propios —que, además de las cuotas, incluyen servicios de salud, educación continua y vinculación empresarial— rondan los 900 millones de pesos anuales. En otras palabras: la universidad no puede prescindir de las cuotas sin colapsar su operación.
Una aspiración que exige más que voluntad
El reclamo estudiantil por una educación gratuita, digna y democrática es, sin duda, un horizonte deseable. Pero en este momento, ese horizonte no puede alcanzarse con los recursos disponibles. Lo que falta no es solo voluntad política, sino una estrategia financiera clara y sostenible para garantizar que la gratuidad no llegue a costa de la calidad, ni a cambio de recortes silenciosos.
Sin una reforma fiscal profunda en el Estado de México o una reingeniería del gasto público, la gratuidad total seguirá siendo una bandera que ondea con justicia, pero sin anclaje en la realidad presupuestaria.
Síguenos