Desde el 16 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Toluca reforzó los operativos contra vehículos que no cuentan con verificación vehicular vigente. A partir de revisiones en puntos aleatorios de la ciudad, los automóviles son detenidos y remitidos al corralón.
En paralelo, se multiplicaron las denuncias ciudadanas por cobros excesivos en el servicio de arrastre y depósito. Particularmente, contra Grúas Manzur, una de las empresas concesionarias que opera en el municipio.
Las quejas coinciden en un patrón. Conductores y transportistas denuncian que, al intentar recuperar sus vehículos, se les exige el pago de montos muy por encima de lo autorizado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Sin desglose claro de conceptos y con restricciones para el pago, que en muchos casos solo se acepta en efectivo o mediante transferencia y en horarios determinados.
Cobros que rebasan el tabulador oficial
Uno de los casos documentados en redes sociales señala que por un solo día de depósito en corralón se cobraron 3 563.91 pesos. Aunque el tabulador estatal vigente establece un monto muy inferior.
Para un automóvil o vagoneta de hasta 3 500 kilogramos, el cobro autorizado por arrastre es de 798.02 pesos. Mientras que la pensión diaria es de 73.57 pesos, lo que arrojaría un total aproximado de 871.59 pesos.
La diferencia supera los 2 600 pesos, es decir, un sobreprecio mayor al 300 %, sin que los afectados refieran haber recibido una explicación detallada sobre el cálculo del cobro.
Denuncias también del transporte público
Las inconformidades no se limitan a automovilistas particulares. El sector del transporte urbano también ha externado señalamientos.
Una empresa reportó que tardó seis meses en liberar un autobús del corralón, periodo por el cual se le cobró alrededor de 50 000 pesos. Sin que se le ofreciera claridad sobre los conceptos aplicados ni una alternativa para agilizar la liberación.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) del Edomex ha advertido que este tipo de prácticas genera impactos económicos directos para los concesionarios del transporte y termina afectando el servicio a los usuarios.
¿Quiénes operan las grúas en Toluca?
Aunque Grúas Manzur encabeza la lista de denuncias, representantes del sector han advertido que otras empresas también realizan arrastres en Toluca. Entre ellas, Grúas Tantoco, originarias de Cuajimalpa.
No obstante, de acuerdo con información oficial, la Secretaría de Movilidad solo ha otorgado concesiones vigentes a Grúas León y Grúas Manzur. Esto ha generado dudas sobre la legalidad de algunos servicios que operan en la capital mexiquense.
Un modelo de concesión cuestionado desde hace años
El problema no es reciente. El modelo de concesión del servicio de grúas en el Edomex ha sido cuestionado desde hace años por su alta concentración en pocos operadores y por la permanencia de las mismas empresas a lo largo de distintas administraciones, sin que existan registros públicos de sanciones de fondo.
En distintos periodos, la SEMOV ha anunciado operativos de revisión y ha reiterado que existen tarifas oficiales que deben respetarse.
Sin embargo, no se han transparentado auditorías financieras ni cancelaciones de concesiones de alto perfil, pese a las denuncias reiteradas por cobros fuera de tabulador.
Vínculos familiares y cargos públicos
El caso de Grúas Manzur volvió a colocar bajo escrutinio el entramado familiar y político alrededor del negocio de grúas en la entidad.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado que la empresa forma parte de un grupo familiar ligado a José Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno del Edomex, ex presidente municipal de Huixquilucan y exdiputado local.
A este contexto se suma que Jesús Alberto Ramírez Manzur, sobrino del exfuncionario, se desempeña actualmente como comisario de Seguridad Pública de Metepec. Desde ese cargo, coordina operativos de seguridad y vialidad en uno de los municipios del Valle de Toluca.
Aunque no existe una acusación directa de control operativo sobre las grúas, la coincidencia entre concesiones, cargos públicos y denuncias por abusos ha reactivado cuestionamientos sobre la supervisión real del servicio.
Denunciar sigue siendo cuesta arriba
Aunque la autoridad estatal invita a la ciudadanía a denunciar cobros excesivos o irregularidades, son pocas las personas que formalizan una queja.
El temor a represalias, la complejidad del proceso administrativo y la urgencia por recuperar el vehículo llevan a muchos afectados a pagar montos que consideran indebidos.
Mientras continúan los operativos de verificación vehicular y aumenta la demanda del servicio de grúas, la distancia entre las tarifas oficiales y lo que se cobra en la práctica mantiene abierto un problema estructural que, hasta ahora, no ha sido resuelto con sanciones visibles ni cambios de fondo en el modelo de concesión.
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