Las autoridades federales preparan, además de la denuncia ya presentada contra quien resulte responsable por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora, una segunda demanda penal por responsabilidad ambiental, debido a la dimensión del daño provocado a la economía de 24 mil habitantes de la región y a la ecología de la zona.
Por su parte, ambientalistas consultados por el portal de noticias SinEmbargo coincidieron con las dependencias federales en que el drama ambiental crece día con día y no se dimensionará realmente hasta en semanas, meses o quizá años, debido a que ese derrame provocó “el peor desastre ambiental en la industria minera mexicana en las últimas décadas”.
El día de ayer en una conferencia de prensa conjunta, el titular de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro; el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, y el titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, anunciaron que integran una averiguación previa para lograr la consignación de quien resulte responsable, además de que informaron que Grupo México no cuenta con el certificado de “industria limpia”
La demanda por responsabilidad ambiental para lograr la reparación de daños al entorno, contempla sanciones económicas por cerca de 40 millones de pesos, más el costo de la remediación de los sitios dañados por las pérdidas y la modificación del medio ambiente.
Sin embargo, expertos en materia ambiental afirman que es imposible cerrar los daños en una cifra fija pues las afectaciones se verán en semanas, meses e incluso años.
Además, expusieron, las medidas aplicadas por los organismos responsables no contemplan la previsión de futuros accidentes ecológicos del mismo tipo, ni los actuales problemas por los que los habitantes de la región están pasando ya que están manifestando que “se vive un drama” ante el paro de producción gracias al “peor desastre ambiental en la industria minera del país en los últimos tiempos”.
DAÑOS INCALCULABLES
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, afirmó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos de la mina Buena Vista del Cobre, en Sonora, a los ríos Bacanuchi y Sonora son imputables.
Por ello, dichos organismos se están haciendo cargo de valuar las multas que remediarían los daños provocados.
Las estimaciones de las multas han sido variadas, pues van de los 40 millones de pesos hasta los 500 millones o lo que suma de 50 mil salarios mínimos.
Sin embargo, Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace México, declaró que más allá de que esta cifra sea suficiente para remediar los daños, “hay que recordar que la multa la pone Semarnat, entonces es la reparación ambiental, no los daños al medio ambiente que se hayan hecho.”
Independiente de la multa que se ponga, posiblemente la empresa tendrá que invertir más en función de la necesidad que tenga para dar una limpieza y remediación al sitio y que lo devuelva a las condiciones en las que se encontraba antes del incidente.
Sobre todo ahora que tras la contingencia ambiental ocasionada por el derrame la actividad económica se ha estancado, de acuerdo con Jorge Gastelum López, productor agrícola, quien exige remediar cuanto antes las afectaciones ocasionadas por la contingencia tras el derrame del sulfato de cobre y otras para recuperar la marca con que comercializan sus productos.
Explicó que los 22 mil pobladores de los municipios sonorenses de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures, Huépac y Aconchi tienen su principal sustento en empresas familiares que producen y comercializan productos agropecuarios.
“Es urgente trabajar en la remediación de la marca ‘Río Sonora’ para recuperar las ventas de queso, miel, bacanora, entre otros productos”, destacó y también dijo que aún se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas ocasionadas por esta situación.
(Con información de SINEMBARGO.MX)
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