El registro de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en México es recurrente; en 2013, en el contexto de una elevada presencia militar en las calles, según un informe elaborado por la Sedena -integrado en el documento Jurisdicción militar: impunidad y violaciones a los Derechos Humanos-, señala que las quejas ante la CNDH por violaciones a derechos humanos cometidos por militares entre 2006 y 2012 incrementaron 1,000 por ciento.
Las historias de violaciones a los derechos registradas en lugares en los que el ejército ha intervenido -bajo la premisa, oficial, de mantener el orden- han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; estos casos, sucedidos muchos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entidades en los que las intervenciones militares han sido frecuentes debido a las condiciones sociales de pobreza y, consecuentemente, de organización social, encierran historias de homicidios, violaciones y tortura.
La posibilidad de mantener el orden social y la legalidad a través de la presencia de elementos militares se traduce en una potencialización de las fuerzas armadas conocida como militarización, concepto que en su aplicación representa una preocupación para las instituciones de derechos humanos y para la sociedad civil en general.
La propuesta federal de establecer una Guardia Nacional y hacer de esta un elemento sustantivo para generar un cambio democrático podría invalidarse a sí misma por los propios conceptos que integra, de este razonamiento parte la solicitud realizada por los organismos de derechos humanos que participaron en la última audiencia de la Guardia Nacional en la que se señaló que el dictamen, aprobado en comisiones por la Cámara de Diputados, contiene fallas que ponen en riesgo las garantías individuales y contravienen disposiciones internacionales que México está obligado a respetar.
Las acciones tomadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la Guardia Nacional; esto es: la propuesta y el lanzamiento de una campaña para reclutamiento sin que la propuesta haya sido aprobada aún en las comisiones legislativas; el establecimiento de comisiones de seguridad estatales y el impulso, a grados de ensalzamiento, de la labor del ejército, pone un foco rojo a lo que podría denominarse un debilitamiento de la institucionalidad civil.
En la última audiencia, el presidente de la CNDH, Luis González Plascencia, así como el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitaron a llevar un proceso de revisión de la propuesta.
Uno de los aspectos a corregir se refería al mando militar, que proponía un mando mixto bajo jurisdicción militar los primeros cinco años y luego bajo jefatura de la Secretaría de Seguridad Pública; el informe técnico de la CNDH señala que esta postura “contraviene una serie de recomendaciones, observaciones y criterios formulados por instancias internacionales, dirigidos al Estado mexicano, sobre la obligación de restringir las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estas últimas deben quedar en manos de instituciones de carácter civil”.
Luego de ello, el presidente reculó en la decisión; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, transmitió “la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional, mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes, para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. Esta decisión apenas modifica los preceptos de la presencia de personal militar en términos de la preocupación civil.
En 2006, la Guerra al Narcotráfico declarada por Felipe Calderón brindó los elementos históricos que sustentan la preocupación de los organismos pro derechos humanos por la Guardia Nacional: sistemáticamente, “los militares, elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales, trasladaban a los civiles detenidos tras la realización de operativos a instalaciones militares o de control exclusivo en donde, fuera de cualquier vigilancia de autoridades civiles, las personas detenidas sufrieron vejaciones, torturas e incluso desaparición forzada. Igualmente se ha documentado cómo en las operaciones conjuntas —de autoridades civiles con militares— los elementos del Ejército vestían de civiles. En la prensa y medios de comunicación masivos se ha difundido la visión del gobierno federal según la cual las personas “abatidas” a raíz de la estrategia contra el crimen organizado son “criminales caídos” y no civiles”, así se registra en el documento Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a.c.
El Estado de México ha mostrado su respaldo a la estrategia militar federal, esta entidad, sufrida por el número de delitos, corrupción e impunidad, debe ahora esperar que sus civiles no sean afectados por el probable fuego cruzado que pueda generar la eminente militarización que se avecina.
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