A las 11:35 de la mañana, Omar García Harfuch llegó en una camioneta a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, lo recibió, lo saludó y posó con él para las fotografías. Después lo acompañó al encuentro con la Junta de Coordinación Política. La comparecencia del responsable de la seguridad federal sería privada.
El formato había sido anunciado: participarían los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde. La explicación fue el carácter de la información sobre seguridad que se abordaría. Harfuch acudía como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante casi tres horas, el secretario estuvo frente a quienes conducen las bancadas. La reunión quedó fuera de la discusión pública del pleno. Al terminar, difundió un balance de resultados y respondió preguntas de la prensa. La jornada tuvo así dos momentos: el intercambio reservado con los legisladores y la exposición pública de las cifras con las que el gobierno defiende su estrategia.
La principal fue la reducción del 53% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 86 víctimas en el periodo de referencia a 40 en agosto de 2026. Son 46 víctimas menos al día entre ambos cortes. El porcentaje describe la variación de ese promedio; no significa que todos los estados hayan reducido los homicidios en la misma proporción ni que el conjunto de los delitos haya descendido 53%.
Harfuch presentó también el volumen de las operaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026: más de 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto, entre ellas 207 objetivos prioritarios; 34 mil 300 armas de fuego aseguradas y más de 534 toneladas de droga decomisadas. Añadió la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.
El balance ofrece al gobierno cifras para sostener que la coordinación y el trabajo de inteligencia están produciendo resultados. Su evaluación completa requiere seguir lo que ocurre después de los operativos: cuántas detenciones se sostienen ante un juez, qué sentencias se obtienen y cómo cambia la seguridad en los territorios donde fueron capturados los objetivos.
El secretario atribuyó los resultados al trabajo de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales. Insistió en que las acciones federales necesitan policías y fiscalías locales con capacidad de investigar y atender a la población. La coordinación fue presentada como una condición de la estrategia, además de una explicación de sus resultados.
En el frente financiero, informó del bloqueo de más de 24 mil cuentas y la inmovilización de más de 8 mil 600 millones de pesos, mediante el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera. Son medidas dirigidas a restringir los recursos de las organizaciones criminales; su alcance debe distinguirse del dinero recuperado por el Estado o de los bienes decomisados mediante una resolución judicial.
El propio Harfuch reconoció que persistían desafíos en extorsión, desaparición de personas y violencia contra las mujeres. La reducción del homicidio le permitió presentar un resultado favorable, pero esos pendientes llevaron la conversación hacia delitos cuya atención depende de la denuncia, la búsqueda inmediata, la protección de las víctimas y la capacidad de investigación.
Fuera de la reunión, las preguntas aterrizaron en un caso: el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025. Harfuch informó de 33 detenidos y señaló que correspondería a la FGR decidir si atraía la investigación. También dijo mantener contacto con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien cuenta con protección federal.
El caso puso frente al balance nacional la violencia que alcanza a las autoridades municipales. El secretario habló de la captura del señalado autor intelectual y de la célula que habría realizado el seguimiento del alcalde. Son avances que deben continuar por la vía judicial para establecer las responsabilidades de cada implicado.
La preparación de las elecciones de 2027 apareció en ese mismo contexto. Harfuch informó de trabajos con el Instituto Nacional Electoral para definir una estrategia de seguridad ante los riesgos de intervención del crimen organizado. La protección de candidatos y la coordinación institucional forman parte de una tarea que debe comenzar antes de las campañas.
También respondió sobre el huachicol fiscal. Sostuvo que la propia Secretaría de Marina denunció la red investigada por las autoridades federales. El asunto rebasa el aseguramiento de combustible: coloca bajo examen los controles institucionales que debían impedir el contrabando y las responsabilidades de quienes pudieron facilitarlo.
La última parte de la jornada tuvo otro horizonte electoral. Manuel Velasco, senador del Partido Verde, había mencionado a Harfuch como una posible opción presidencial para 2030. Ante la pregunta, el secretario agradeció el comentario y afirmó que su responsabilidad en Seguridad no permite una “agenda paralela”.
La respuesta lo mantuvo públicamente en el encargo que le dio Sheinbaum. El planteamiento de Velasco, sin embargo, mostró que su nombre ya circula en las conversaciones sucesorias. Su presencia cotidiana en los informes de seguridad y la exposición de resultados lo colocan en una posición de visibilidad que también tiene consecuencias políticas.
Harfuch llegó a San Lázaro para rendir cuentas sobre seguridad y salió respondiendo sobre la Presidencia. Entre ambos momentos presentó una reducción de homicidios, miles de detenciones y golpes a las finanzas criminales, pero también reconoció delitos que siguen reclamando una respuesta mayor.
La comparecencia dejó dos asuntos bajo examen: la eficacia de la estrategia y la forma de rendir cuentas sobre ella. Reservar información operativa puede proteger una investigación; demostrar los resultados exige datos públicos que permitan conocer qué ocurrió después de cada detención y cómo se traduce la baja del homicidio en seguridad para la población.
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