La falta de transparencia volvió a detonar un conflicto social en el municipio de Tenango del Aire. Vecinos de la comunidad de Coxtocan detuvieron nuevamente una obra de pavimentación ante la negativa del gobierno municipal de informar con claridad sobre su alcance, costos y ejecución.
La exigencia es concreta: documentos públicos, cifras verificables y explicación puntual de una obra que, sin información, se convierte en sospecha. Para los habitantes, no se trata de oponerse al desarrollo, sino de frenar una práctica recurrente en los gobiernos locales: la opacidad como mecanismo para encarecer obras y abrir espacio a la corrupción.
De acuerdo con el reporte original de Amaqueme, las familias han solicitado al ayuntamiento información básica sobre el proyecto. Al no obtener respuesta, optaron por la protesta y la movilización como último recurso frente a una autoridad que administra recursos públicos sin rendición de cuentas efectiva.
El contexto político no es menor. El municipio es gobernado por Johanna Fernández Sánchez, emanada del PVEM, en un escenario donde la desconfianza hacia la clase política local es acumulada y transversal. En ese entorno, la opacidad no es un error administrativo: es una señal de alerta.
La transparencia, conviene subrayarlo, no es un gesto de buena voluntad. Es un mecanismo institucional de control que inhibe el sobreprecio, el favoritismo y la discrecionalidad en la obra pública. Cuando se cancela, el costo no es solo financiero: es político y social.
Lo relevante del caso Coxtocan no es únicamente la obra detenida. Es que la ciudadanía comienza a romper la inercia del silencio y a confrontar una conducta nefasta normalizada durante años en muchos ayuntamientos: gastar sin explicar. La protesta, aquí, no es ruido. Es gobernanza desde abajo.
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