El pleno de la Legislatura mexiquense aprobó, por unanimidad de votos, mayores sanciones a quienes maltraten animales en la entidad y la obligación de los ayuntamientos de emprender campañas de esterilización gratuitas en forma permanente.
Los ajustes a la Ley Orgánica Municipal y al Código Penal de la entidad aumentan las penas que actualmente van de seis meses a dos años, hasta a cuatro años de prisión por causar lesiones dolosas a cualquier animal, que podrían aumentar en una mitad si las o los responsables videograban o los difunden, así como a quienes cometan actos sexuales con ellos.
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La penalidad podría llegar a seis años de prisión cuando se prolongue la agonía del animal, y hasta a nueve años si quien comete el delito es un servidor público encargado de cuidar animales.
Además, se crearán Unidades Municipales de Control, Bienestar Animal y del Consejo Municipal que deberán estar presentes en cada uno de los municipios, también deberán aplicar programas de esterilización permanente de perros y gatos de compañía en situación de calle, promover tenencia responsable, vacunarlos, contar con unidades móviles para esterilización y servicio médico veterinario.
La diputada proponente Elizabeth Millán García, de Morena, aseguró que se requiere una inversión mínima en los ayuntamientos para realizar políticas públicas encaminadas a lograr el control animal sin matanzas, fomentar una tenencia responsable y programas de esterilización.
Esta semana se registró el caso de una familia que asesinó a golpes a un perro en el municipio de Tlalnepantla, por lo cual en redes sociales la ciudadanía ha exigido aplicar la ley, e incluso, han planteado la posibilidad de considerar el delito de maltrato animal como grave.
Otras reformas
El pleno de la Legislatura local también aprobó reformas en materia de mejora regulatoria para crear unidades que ayuden a disminuir la burocracia.
También se aprobaron reformas a la Constitución Federal, que deberán ser enviadas al Senado de la República para conceder el derecho a pueblos originarios e indígenas a acceder a la tierra, pagos justos por indemnizaciones y reconocer los derechos de la naturaleza.