La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, nombró a Haydee Oliveros García como la encargada del despacho de la Oficialía Mayor, en sustitución de Trinidad Franco, así lo confirmó AD Noticias con fuentes del gobierno. Hasta el momento no se le han dado a conocer las razones de la salida de Trinidad Franco.
Oliverio García se desempeñó como directora de Administración durante el sexenio de Alfredo del Mazo. En ese periodo participó en la firma de un convenio mediante el cual se celebraron contratos con el ISEM y el ISSEMyM, a través de los cuales se adjudicaron más de mil millones de pesos como parte de un pago del gobierno de Del Mazo a la empresa Latinus.
Funciones de la Oficialía Mayor
La Oficialía Mayor es una dependencia estratégica del Ejecutivo estatal, encargada de administrar recursos humanos, materiales y financieros. Entre sus atribuciones están elaborar y coordinar el proyecto de presupuesto de egresos, integrar la Cuenta Pública del Estado de México, definir políticas de contratación y capacitación del personal, vigilar la legalidad en adjudicaciones y adquisiciones, administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo, así como diseñar estrategias de modernización administrativa en coordinación con otras dependencias.
Crisis en el ISSEMyM
La Oficialía Mayor enfrenta un contexto complicado, ya que desde 2024 asumió la gestión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), un organismo marcado por el desabasto de medicamentos y los contratos inflados a proveedores. Empresas como Falcón, Arquina y Centrum han sido señaladas por irregularidades, y aun así recibieron contratos millonarios bajo la gestión de la Coordinación de Administración y Finanzas del instituto.
El excontralor del ISSEMyM, Victorino Barrios, denunció públicamente en 2024 la existencia de una red de corrupción en adquisiciones y manejo patrimonial. Según su testimonio, enfrentó resistencias internas por parte de trabajadores que buscaban favorecer a proveedores con antecedentes de mal servicio. Además, reveló retrasos en la planeación de compras de medicamentos, lo que afecta a más de 800 mil derechohabientes que siguen enfrentando un calvario en clínicas y farmacias del instituto.
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Contratos anulados y proveedores cuestionados
En marzo de 2025, la Oficialía Mayor otorgó a las empresas Falcón y Arquina un contrato para servicios de laboratorio clínico por hasta 192 millones de pesos, pese a que su propuesta era 73 millones de pesos más cara que la de su competidor, Centrum. La Secretaría de la Contraloría intervino y anuló el contrato por incumplir principios de legalidad, ordenando la reposición del procedimiento. Aun así, Arquina recibió de manera paralela otro contrato por casi 90 millones de pesos para insumos de banco de sangre.
Las tres empresas involucradas —Falcón, Arquina y Centrum— ya habían sido sancionadas desde 2022 por la Secretaría de la Función Pública y el ISSSTE, acusadas de prácticas irregulares en contratos del sector salud por más de 900 millones de pesos. Pese a estos antecedentes, la Oficialía Mayor siguió otorgando adjudicaciones a compañías con historial de sanciones.
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