En cinco años, un bebé aprende a caminar, hablar y comprender el concepto del tiempo. En cinco años, se puede terminar una carrera universitaria. Y en cinco años, el colectivo Haz Valer mi Libertad ha logrado mantenerse firme en su lucha por la liberación de familiares condenados a penas de 5, 10, 15 y hasta 50 años de prisión.
Este movimiento nació como una respuesta desesperada de madres, hermanas e hijas de injustamente presos. Mujeres que vieron con horror cómo sus seres queridos, tras salir a trabajar o asistir a un baile, eran detenidos arbitrariamente durante horas o, en algunos casos, días enteros. Ante la impotencia y el dolor, decidieron unirse para visibilizar la injusticia. Porque, como bien dicen, «un eslabón no hace cadena«.
La semilla del colectivo fue plantada por abogados y activistas del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes sugirieron a Lady Plácido, hermana de uno de los presos y una de las voceras del movimiento, que uniera a las familias afectadas. Así, el 2 de marzo de 2020, ocho familias se congregaron por primera vez. Pronto descubrieron patrones comunes en sus casos: los detenidos eran jóvenes, morenos, pobres y, en algunos casos, indígenas.
Las mujeres, muchas de ellas de la tercera edad, decidieron que sus manifestaciones serían innovadoras y pacíficas. Comprendieron que la violencia solo generaría rechazo entre la población. Por ello, no se limitaron a marchar: cortaron sus cabellos, se sacaron sangre, se encerraron en jaulas, organizaron cabalgatas, lanzaron jitomates, escenificaron torturas, pintaron sus cuerpos, gritaron consignas y, finalmente, realizaron una huelga de hambre que se extendió por casi un mes.
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Cada acción fue consensuada. El espíritu de comunidad es la columna vertebral del colectivo. En sus reuniones, mientras comparten guisados preparados por cada familia, toman decisiones clave, como no defender casos de presuntos feminicidios o delitos contra menores. La incorporación de nuevos casos se realiza tras un exhaustivo análisis, asegurándose de que existan pruebas claras de injusticia.

Actualmente, Haz Valer mi Libertad representa a 17 casos dentro de un universo de 34 mil personas privadas de su libertad en el Estado de México. Según el Centro Zeferino Ladrillero, 19 mil de estos casos presentan irregularidades.
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Hoy, el panorama político es distinto. Alfredo Del Mazo ya no encabeza el poder ejecutivo, ni Ricardo Sodi el judicial. Además, la cámara legislativa es mayoritariamente progresista. En lo que va del año, el colectivo se ha reunido con George Zamora, Consejero Jurídico del gobierno del Estado de México; Myrna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local; y Fernando Díaz Juárez, presidente interino del Poder Judicial.
Aunque las puertas comienzan a abrirse, las madres de Haz Valer mi Libertad no descansan. Su objetivo sigue siendo claro: la libertad de sus seres queridos, quienes, aseguran, están tras las rejas por un sistema que los condenó sin pruebas.








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