El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a los hermanos Franco y Guadalupe Tábarez Martínez de operar como el brazo financiero de la Nueva Familia Michoacana (LNFM) en territorio estadounidense. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia, Franco Tábarez era un alto miembro del cártel responsable de distribuir grandes cantidades de metanfetamina. Esto en el área metropolitana de Atlanta. Por su parte, su hermana Guadalupe presuntamente lavaba el dinero procedente de esas operaciones.
La investigación, iniciada en 2021 por la Agencia Antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), identificó a los Tábarez Martínez como figuras clave dentro de una red criminal. Esta introducía metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo desde México hacía varias ciudades de Estados Unidos. Según los fiscales, Guadalupe recogía grandes cantidades de efectivo. A través de su negocio de servicios financieros —Noyola Multiservice—, transfería los recursos a otros integrantes del cártel en México.
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Las autoridades también han señalado a Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, fundadores y cabecillas de la LNFM, como los principales responsables de coordinar el tráfico transnacional de estupefacientes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
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El caso forma parte de la llamada Operación Recuperar América (Operation Take Back America). Es una iniciativa federal orientada a desarticular organizaciones criminales transnacionales mediante la colaboración interinstitucional. Bajo este modelo, equipos permanentes de agencias como la DEA y HSI trabajan de forma conjunta en operaciones dirigidas por inteligencia para combatir al crimen organizado, el lavado de dinero y los cárteles y sus miembros como los hermanos Tábarez Martínez.
Los fiscales Laurel Milam y Bethany Rupert, del Distrito Norte de Georgia, están al frente del proceso judicial contra los hermanos Tabarez Martínez y los líderes de la LNFM. La Fiscalía del Distrito Medio de Georgia también ha contribuido en la investigación.
La acusación expone una vez más el alcance de las redes criminales mexicanas en Estados Unidos y el papel estratégico de la infraestructura financiera y logística instalada en ciudades como Atlanta para sostener el negocio del narcotráfico.
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