La esperanza se renueva en el caso Kenia Hernández, activista indígena detenida en el Estado de México. Su hijo Joel Hernández Montealbán logró entregarle una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que explicó el caso.
El encuentro se dio durante la vista de la mandataria a Tlapa, Guerrero; ahí, firmó de recibido el documento y de acuerdo con Joel, se comprometió a buscar una solución al caso.
La petición del presidente López Obrador
El pasado 27 de septiembre, cuatro días antes de concluir su mandato, el presidente López Obrador se refirió al asunto: “A ver si podemos, a ver si con Rosa Icela (Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad). Tenemos hasta el lunes, a ver si se puede lograr”.
“Hemos constatado que Capufe, fácticamente, es una oficina que representa los intereses de las grandes empresas concesionarias de las carreteras privadas de México. No necesariamente siguen las instrucciones de las autoridades superiores”, denunció el activista y abogado Antonio Lara Duque.
¿Quién es Kenia Hernández?
Desde los 13 años, ha participado en movimientos que promueven y alientan la defensa de los derechos humanos. Su inconformidad ante la violencia la motivaron a estudiar Derecho, carrera de la que se graduó con mención honorífica.
En junio de 2020 la detuvieron acusada del presunto robo violentamente de una cartera con 500 pesos y un celular. Entonces ella y su defensa lograron que llevara el proceso en libertad con una medida cautelar que consistía en firmar mes con mes.
Cuatro meses después, el 18 de octubre, volvió a ser detenida por el presunto delito de robo con violencia y uso de arma de fuego en casetas de peaje. El día 24 del mismo mes obtuvo su libertad, pero el 25 la aprehendieron nuevamente acusada de ataques a las vías de comunicación. Hasta hoy, “Kenia tiene nueve causas penales distribuidas entre el Estado de México —donde la sentenciaron a 22 años y tres meses en prisión—, Morelos y Guerrero”.
La activista también tiene dos hijos. En prisión ha hecho dos huelgas de hambre —una duró 61 días y dejó algunas secuelas en su salud—, no tiene garantizado el acceso al agua y además le limitaron las llamadas a una a la semana en la que solo puede demorarse 10 minutos, tiempo que debe dividirse entre familia, amigos y equipo jurídico, explicó Carla.
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