Juan Armando Hinojosa Cantú, el proveedor favorito de Enrique Peña Nieto durante su paso por el gobierno del Estado de México –según estimaciones periodísticas obtuvo contratos por 23 mil millones de pesos– ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero no pudo iniciar la obra por falta de dinero fresco y también debido a conflictos con los propietarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía.
De acuerdo con un reportaje publicado esta semana en la Revista Proceso, se detalla que un año después de que Juan Armando Hinojosa Cantú entregara a la esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, la casa de Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec –con un costo aproximado de siete millones de dólares–, el gobierno federal dio al empresario un crédito por dos mil 775 millones de pesos para construir la autopista Toluca-Naucalpan.
Pero el 23 de febrero de 2013, a poco más de dos meses de asumir la Presidencia de la República, Peña Nieto le consiguió al empresario los recursos para arrancar los trabajos, que llevaban casi seis años de retraso.
Del crédito que el gobierno peñanietista le autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para pagar el derecho de vía y 13 millones de pesos que el empresario les habría hecho llegar a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de avalar en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos.
Hoy de nuevo el proyecto debería estar en suspenso: El pasado 15 de mayo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito anuló la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla.
Pero la obra no se ha detenido.
El pasado 8 de octubre el constructor ignoró la resolución judicial y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autopistas de Vanguardia, S. A. de C. V. (Autovan).
El hecho provocó que el lunes 3 de noviembre, 121 comuneros de Xochicuautla –quienes no aceptaron entregar sus tierras– se enfrentaran con los trabajadores de Autovan que fueron respaldados por 600 policías estatales. El resultado fue la destrucción de algunas cosechas y la detención de ocho campesinos, entre ellos uno de 76 años.
Luego de un par de días éstos fueron puestos en libertad por falta de cargos, pero ahora tienen miedo de una nueva confrontación.
(Proceso)
Síguenos